La reforma del sistema de Justicia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El gobierno ha convocado mañana a una sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. El nombre suena solemne, sobre todo para un gobierno que actúa bajo un pequeño horizonte y con mucha improvisación. Ni siquiera se ha tomado la molestia de recordar que el Consejo tiene un marco jurídico definido por una ley publicada en mayo del 2019. Por entonces, la necesidad de coordinar entre las 8 entidades integrantes del Consejo parecía una evidencia ante el escándalo que terminó por hacer desaparecer al tristemente célebre Consejo nacional de la magistratura. En principio es una buena cosa que sesionen la Jefe de Estado, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor y el Defensor del Pueblo. Aunque es cierto que las circunstancias no parecen las más propicias: el Congreso tiene su propia iniciativa de reforma, el gobierno ha publicado un decreto legislativo que desafía atribuciones constitucionales de la Fiscalía, el Estado peruano ha incurrido en desacato a la Corte Interamericana de DDHH, el Ministerio Público se halla convulsionado y la presidenta Dina Boluarte es objeto de una denuncia constitucional formulada por la suspendida Fiscal Patricia Benavides. Sin mencionar la llamada “ley Soto” que benefició en materia de prescripción al actual presidente del Congreso. Ni olvidar que hay juicios en curso y otros por iniciarse que conciernen a figuras mayores de nuestra vid` política, incluyendo a cinco expresidentes. Pese a todo, parece posible que el Consejo identifique puntos de unidad y que respete lo que ha declarado el presidente del Poder Judicial: la reforma no se puede hacer contra los jueces, sino con ellos. Lo que debería estar claro para todos es que el Perú sería un mucho mejor país si todos pudiéramos confiar en una justicia transparente, célere y sin sesgos políticos.

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