Lava Jato: patrimonios embargados a investigados y empresas superan los s/ 1 600 millones

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que a la fecha ha embargado bienes y activos a investigados y empresas por más de S/ 1 600 millones. La procuradora ad hoc Silvana Carrión detalló que hasta el momento han solicitado al Poder Judicial embargos por cerca de S/ 2 mil millones.

"Estos embargos sobre los bienes de los investigados y empresas se ejecutarán cuando se dicten las sentencias, pero nos permiten ir asegurando los eventuales pagos de reparación civil que se tendrán que hacer a favor del Estado", explicó.

Con ocasión de la publicación de su Informe de Gestión 2021, la defensora del Estado también dio cuenta de que a la fecha existen 23 personas sentenciadas por todos los casos que tiene a su cargo. Los condenados se distribuyen en 4 sentencias de colaboración eficaz, 1 sentencia de terminación anticipada y 3 sentencias en procesos penales comunes.

"Como sentenciados tenemos a la persona jurídica Odebrecht y a otras 22 personas naturales, de las cuales 11 cometieron delitos como funcionarios públicos y las otras 11 personas delinquieron desde su ejercicio en el sector privado", remarcó la procuradora.

Cobro de reparaciones civiles y acuerdos

La procuradora también indicó que, pese al contexto de la pandemia por la COVID-19, durante 2021 se cobró S/ 26 millones por concepto de reparación civil (más de S/ 131 millones en total) que ha sido distribuido para reforzar la defensa jurídica de las instituciones del Estado.

Carrión indicó también que, conjuntamente con el Equipo Especial Lava Jato, han logrado suscribir 6 nuevos acuerdos de colaboración eficaz, entre ellos 2 acuerdos con exdirectivos de la antigua empresa Graña y Montero y 2 preacuerdos con empresas que pertenecieron al Club de la Construcción (Aenza y otra compañía en reserva).

"De aprobarse judicialmente estos 6 acuerdos, el Estado peruano cobrará más de S/ 620 millones que son adicionales a los S/ 790 millones que ya se han impuesto judicialmente por reparaciones civiles", resaltó la abogada del Estado.

La procuradora también destacó que han logrado incluir a 64 empresas como terceros civilmente responsables en los procesos penales, incluyendo la reciente incorporación del Estudio Echecopar en el caso 'Gasoducto Sur Peruano II'.

"La incorporación de las empresas como terceros civilmente responsables en los procesos penales busca que las compañías asuman de manera solidaria, conjuntamente con los investigados, los eventuales pagos de reparación civil. Este tipo de medidas forman parte de nuestra política de aseguramiento de las reparaciones civiles en los casos Lava Jato. Nuestras solicitudes vienen siendo acogidas por el Poder Judicial y van generando nueva jurisprudencia que será útil para la defensa jurídica del Estado", resaltó la procuradora.

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