La vivienda y oficina de la congresista Luciana León fueron allanadas. | Fuente: Andina

Mientras que en algunos de nuestros vecinos los conflictos sociales e institucionales se expresan en las calles y con recurso a la violencia, en el Perú, felizmente, se llevan a cabo principalmente ante instancias judiciales. Y esperemos que pronto en la confrontación democrática de elecciones limpias y transparentes. Ayer, la Fiscalía procedió a allanar el domicilio de la miembro de la comisión Permanente del Congreso Luciana León, en el marco de una investigación sobre la organización criminal denominada “Los Intocables Ediles de La Victoria”. La Fiscalía sospecha que quien fuera miembro de la bancada aprista colaboró con una banda que extorsionaba, recibía cupos y se enriquecía con obras públicas, en coordinación con el exalcalde de ese distrito limeño, Elías Cuba, hoy en prisión. La fiscalía intervino también a personas del entorno de Luciana León, como su hermano Rómulo y su asesora Betsy Matos, detenida en el aeropuerto. Luciana León ha declarado conocer al líder de la banda, Alexander Peña Quispe, pero niega haber recibido dinero de él o haber intercedido ante el Ministerio de Economía.

En un caso completamente diferente, la Fiscalía ha solicitado a la Justicia que imponga 36 meses de prisión preventiva a 16 abogados que se desempeñaron como árbitros en procesos referidos a obras en las que participaba la empresa Odebrecht. La Fiscalía sospecha que esos árbitros actuaron de manera dolosa para beneficiar a la empresa brasileña, incurriendo en las figuras penales de cohecho pasivo, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. En la lista de la Fiscalía figuran letrados como Felipe Cantuarias, Mario Castillo Freyre y Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama. Según fuentes fiscales, parte de las informaciones podrían proceder de quien fuera también árbitro, Horacio Cánepa.

Mientras tanto, el presidente chileno cambió su discurso sobre “la guerra contra un enemigo poderoso” y pidió perdón a su pueblo por haber carecido de una “visión clara sobre las desigualdades y los abusos” que muchos padecen. Sebastián Piñera afirmó que “los problemas se vienen acumulando desde hace décadas” y reconoció la validez de las demandas sociales. Desde ya, el presidente anunció un alza del salario mínimo y de las pensiones. Su discurso culminó con una cita del poeta uruguayo Mario Benedetti: “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”. La nueva actitud de Piñera se produce después de su reunión con líderes de los partidos y en la perspectiva de lanzar una Mesa de diálogo, amplia y transversal. La primera dama reconoció la autenticidad de un audio en el que se le oye afirmando: “Vamos a tener que compartir algunos de nuestros privilegios”. El editorial del Financial Times, la mayor referencia periodística del liberalismo económico, concluye: “Chile tiene que hallar la manera de que sus éxitos económicos sean más inclusivos”.

En Bolivia persiste el temor de que el gobierno saliente perpetre un fraude. La OEA, la Unión Europea y la ONU alertaron sobre la necesidad imperiosa de transparencia en un país que ha sido gobernado durante los últimos trece años por Evo Morales, quien ahora postula ilegalmente a un cuarto mandato. El vicepresidente del Tribunal Electoral renunció para protestar contra la “desatinada” decisión de su colegiado, que interrumpió el conteo de votos, para más tarde modificar los resultados e impedir que se lleve a cabo una segunda vuelta electoral. La OEA, además de su Misión de Observación Electoral, asumirá la tarea de auditar la totalidad de las actas. El expresidente Carlos Mesa ha recibido el respaldo de los que quedaron en tercer y cuarto lugar, lo que hace matemáticamente posible que supere a Evo Morales.

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