El fiscal Germán Juárez Atoche, dispuso que el Jefe de Estado, Martín Vizcarra, también sea investigado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por supuestos actos de corrupción cuando se desempeñó como Gobernador Regional de Moquegua.
El Fiscal Germán Juárez Atoche, dispuso que el Jefe de Estado, Martín Vizcarra, también sea investigado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por supuestos actos de corrupción cuando se desempeñó como Gobernador Regional de Moquegua.
El magistrado adoptó similar medida en el caso del exministro de Agricultura, José Hernández Calderón y de Elard Tejeda Moscoso y Fernando Castillo Dibos, ex representantes de las empresas constructoras Obrainsa e Igssa respectivamente.
En la víspera se conoció que el integrante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato inició una investigación preliminar al mandatario y los demás implicados por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho en perjuicio del estado.
Mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, se dispuso también comprender en esta investigación al consorcio conformado por la constructora peruana Obrainsa y su socia italiana Astaldi así como al consorcio Hospitalario Moquegua ( conformado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas, Generales S.A. e INCOT).
Esta investigación preliminar gira en torno a las declaraciones que brindaron aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Juárez Atoche respecto a presuntos sobornos que habría recibido Martín Vizcarra cuando fue Gobernador Regional de Moquegua de empresas vinculadas al caso “Club de la Construcción” a cambio del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y del hospital de dicha región en la zona sur del país.
El fiscal Juárez Atoche declaró esta investigación preliminar de naturaleza compleja y dispuso que se realice dentro de un plazo de ocho meses para realizarse una serie de diligencias como recibir las declaraciones del mandatario y de los demás implicados que se programarán de acuerdo a la agenda fiscal.
Asimismo requerir el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los implicados correspondiente al periodo 2012 -2014 así como solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los teléfonos celulares incriminados, entre otras diligencias.
Comparte esta noticia