Mediante un comunicado, desde la Fiscalía señalaron que el acuerdo será presentado ante el Poder Judicial para que sea homologado, con lo que la empresa ICCGSA está obligada al pago de una reparación civil ascendente a S/ 181 173 225.65.
El Ministerio Público informó este martes que, el Equipo Especial del caso Lava Jato, en el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, suscribió un acuerdo de colaboración eficaz y beneficios con la empresa colaboradora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y la Procuraduría Pública Ad Hoc-Caso Odebrecht.
Según indicaron, este documento será presentado ante el órgano jurisdiccional para que sea homologado y a partir que quede consentida la resolución que lo homologue, la empresa ICCGSA está obligada al pago de la reparación civil ascendente a S/ 181 173 225.65.
De igual forma, dicha empresa no podrá contratar ni participar en los procesos de selección ya sea como postor, contratante, consorciado o subcontratado en las licitaciones convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el rubro de la construcción de infraestructura vial y en el de conservación y mantenimiento vial por el plazo de dos años.
Ello debido a la sanción impuesta en su condición de persona jurídica y colaboradora.
Situación de exejecutivos de ICCGSA
Respecto de los exejecutivos de la citada empresa, en condición de personas naturales colaboradoras, se les impuso la pena privativa de libertad de cuatro años, suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta.
Es importante señalar que el referido proceso de colaboración eficaz corporativa comprende los casos del Club de la Construcción, IIRSA Sur tramos 2 y 3, Ampliación del mejoramiento del Hospital de Moquegua, Servicio de Redes Viales Nacionales de Cusco, Mejoramiento de la Carretera Variante Uchumayo-Arequipa y Red Vial Huallaga Central-San Martín.
Fuentes de RPP explicaron que, de homologarse este acuerdo en el Poder Judicial, sería importante porque se potenciarían varios casos donde estos funcionarios son testidos y en adelante tendrían la obligación de declarar. De esta manera, apuntaron que estas personas se convertirían en testigos claves en casos que investiga la Fiscalía.
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