La Fiscalía investiga una presunta organización criminal denominada 'Los gestores', supuestamente integrada por funcionarios que pedían a los alcaldes o gobernadores regionales el 5 % del monto de los proyectos.
El ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, se pronunció por la intervención fiscal a las oficinas del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y del Programa Nacional de Saneamiento Rural, adscritos al Ministerio de Vivienda. A través de Twitter, dijo que esta investigación fiscal permitirá “extirpar malos elementos enquistados en el sector público”.
“Investigación de la Fiscalía a hechos del 2018 permitirá extirpar malos elementos enquistados en el sector público. No dejaremos que enturbien actual gestión que tiene como bandera trabajar por el pueblo con transparencia e integridad”, escribió.
“El Ministerio de Vivienda brinda todas las facilidades a la Fiscalía y la Policía, que hoy ingresaron a la sede de la institución, a fin de contribuir a una investigación sobre hechos que datan del 2018”, añadió.
El Ministerio de Vivienda, a través de un comunicado, expresó su repudio ante los presuntos actos de corrupción y ratificó su disposición a colaborar con las indagaciones que conduce el Ministerio Público.
La Fiscalía también intervino una oficina del Ministerio de Economía. Según la institución, la persona investigada es un exservidor público identificado como Julio César Vega Condezo, que ya no labora en el MEF desde julio del 2019.
“Vega Condezo trabajó como programador de aplicaciones informáticas en la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEF, en la modalidad CAS. Hasta el momento, es el único exservidor del MEF entre los 13 implicados que figuran en la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima”, informó el MEF.
Los gestores
La Fiscalía y la Policía investiga una presunta organización criminal denominada 'Los gestores', supuestamente integrada por funcionarios del Ministerio de Economía que pedían a los alcaldes o gobernadores regionales el 5 % del monto de los proyectos de obras públicas que se aprobaban en este sector.
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