El acuerdo de colaboración recientemente homologado por el Poder Judicial dispone que los colaboradores informen al Minsiterio Público sobre cambios domiciliarios y sus oficios. Además de que los encargados en pagar la reparación serán los representantes en Perú de la empresa brasileña.
El acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa brasileña Odebrecht y los representantes del Equipo Especial y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, que recientemente fue homologado por el Poder Judicial, podrá ser revocado si la parte imputada no cumple con las condiciones impuestas por la justicia nacional.
Esta medida se desprende de la resolución del acuerdo, a la que accedió el diario El Comercio, y que da cuenta de que los colaboradores no podrán cometer delitos dolosos en un plazo de 10 años luego de que se les otorgue el beneficio, entre otras condiciones.
“(Son) obligaciones de los colaboradores eficaces los descritos en el considerando 131 y 138 de la presente sentencia, además de los siguientes que por mandato normativo corresponde sean impuestas: No cometer nuevo delito doloso dentro de los diez años siguientes de habérsele otorgado el beneficio, informar de todo cambio de residencia al Ministerio Público, de ejercer oficio, profesión u ocupación estos sean lícitos”.
Control del Ministerio Público
El documento firmado por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho sostiene que el Ministerio Público deberá ejercer el control del cumplimiento del acuerdo. Además, que, si los colaboradores incumplen con las condiciones impuestas, los beneficios podrán ser revocados.
"Corresponde al Ministerio Público el control de su cumplimiento; y su informe al órgano jurisdiccional en los términos que la ley ha reservado. Precisándosele a los sentenciados que en el supuesto de incumplirlas, la Fiscalía podrá solicitar al juez que otorgó el beneficio premial su revocatoria".
Pago de reparación civil y representación jurídica
El documento sostiene que los colaboradores a los que se le otorgará los beneficios son los exfuncionarios de la empresa brasileña: Henrique Simões Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimarães, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior.
Sin embargo y pese a que ellos asumen los delitos de la compañía brasileña, quedarán exentos del pago de la reparación civil, fijada en S/ 610 millones, y en su lugar la cancelación de esta deuda deberá ser asumida por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y, Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C.
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