Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: Foto: Ministerio Público / Video: RPP Noticias

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló que la decisión de hacer público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht le corresponde al Poder Judicial, que recientemente homologó este documento firmado entre el Equipo Especial y la Procuraduría Ad Hoc y la multinacional brasileña involucrada en casos de corrupción.

"Esa decisión de hacer público el documento le corresponde al Poder Judicial porque es quien ha emitido esa sentencia. El Poder Judicial tiene sus mecanismos de difusión, hay diferentes modalidades que tienen que ver con un respeto de un poder del Estado desde nuestra parte. Nosotros hacemos un uso sin ninguna restricción de la sentencia premial", dijo.

No obstante, Vela reconoció que, "desde el punto de vista interpretativo", el acuerdo de colaboración con Odebrecht "termina siendo público" debido a que la sentencia será incluida "en todas las investigaciones que tengan conexión". El fiscal señaló que, al incluirla dentro de las carpetas de investigación, "todos los investigados y abogados tienen acceso a ella".

"Todos los abogados defensores tienen acceso, la Procuraduría pública, la empresa y cualquier otra persona que sea un sujeto procesal legitimado tiene acceso a la sentencia sin ninguna restricción. El Ministerio Público va a hacer uso de esa sentencia, tanto en las medidas coercitivas, en los requerimientos, como en los juicios. Entonces, si, de alguna forma, se podría interpretar que este documento es público, sí lo va a ser", detalló.

Tras reiterar que el Ministerio Público hará un uso "legal" y "sin restricciones" de este documento, el fiscal superior precisó que la posibilidad de que este acuerdo sea solicitado por cualquier otro poder del Estado, como el Congreso, también dependerá del Poder Judicial.

"Es un asunto que se tendrá que resolver en su oportunidad, pero que tiene que ver con la decisión que el Poder Judicial tome al respecto, porque nosotros no seríamos a quienes nos tengan que pedir ese documento, sino al propio Poder Judicial", mencionó.

Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales del Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: RPP Noticias

Homologan el acuerdo de colaboración

El fiscal Rafael Vela confirmó esta mañana que el acuerdo de colaboración con Odebrecht pasó el control de legalidad luego de que Poder Judicial homologara el documento firmado entre el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc y la multinacional brasileña involucrada en casos de corrupción en el Perú.

"El acuerdo ha sido aprobado sin ninguna excepción ni restricción; es decir, ha sido aprobado conforme a los términos expuestos en su oportunidad por el Ministerio Público de manera conjunta con la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Odebrecht. Resulta indispensable poner en relevancia que se trata de la finalización de un esfuerzo con muchas dificultades", señaló en conferencia de prensa.

El acuerdo, firmado el pasado 15 de febrero en Sao Paulo, Brasil, consta de 739 tomos que contienen un total de 147,801 folios, los cuales fueron entregados al juzgado de la magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho el pasado 25 de marzo. Vela también confirmó que el acuerdo fue aprobado en los términos presentados por el equipo del caso Lava Jato, tal como informó el portal IDL-Reporteros.

Lo que incluye el acuerdo

En febrero pasado, el fiscal Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato, explicó que el acuerdo permitirá la entrega de pruebas y testimonios -entre ellos los de exdirectivos como Jorge Barata para las investigaciones en cuatro casos en los cuales Odebrecht admite actos de corrupción: los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, tramos 2 y 3; carretera Interoceánica, tramos 2 y 3; vía de Evitamiento en Cusco y la Costa Verde del Callao.  Se trata del primer acuerdo de colaboración eficaz a nivel corporativo en la historia del Perú,

Además, la compañía brasileña se comprometió al pago de 1,210 millones de soles: 610 millones por reparación civil, 150 millones por intereses y 450 millones en impuestos a la Sunat. La empresa también se compromete a brindar testimonios de exdirectivos, pruebas e información de los servidores My Web Day y Drousys, usados para encubrir el pago de coimas. El acuerdo se firmó bajo el amparo de la Ley 30737, aprobada el año pasado por el Congreso, cuyo reglamento brindó el marco legal para la colaboración de empresas con la justicia peruana.

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