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Pedro Castillo pide al PJ cesar su prisión preventiva y variarla a vigilancia electrónica en proceso por intento de golpe de Estado

El exmandatario busca el cese de la prisión preventiva que se le impuso.
El exmandatario busca el cese de la prisión preventiva que se le impuso. | Fuente: Andina

Mediante un escrito presentado el 3 de enero por su defensa legal, el exmandatario demanda que en su caso se aplique la vigilancia electrónica (grillete electrónico), por haber surgido nuevos elementos de convicción que demuestran la no concurrencia de los delitos que Fiscalía le atribuye en este caso.

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El expresidente Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que ordene el cese del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra como parte del proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

Mediante un escrito presentado el 3 de enero por su defensa legal, el exmandatario demanda que en su caso se aplique la vigilancia electrónica (grillete electrónico) por haber surgido nuevos elementos de convicción que demuestran la no concurrencia de los delitos que le atribuye la Fiscalía en este caso.

La defensa legal del exjefe de estado ampara su pedido en el numeral 1, del artículo 283° del Código Procesal Penal y en virtud del Decreto Legislativo N.º 1322 y D.S. N.º 016- 2017-JUS, que regula la vigilancia electrónica con la finalidad de contribuir con la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

Audiencia

Ante ello, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el martes 21 de enero a las tres de la tarde una audiencia virtual para evaluar está solicitud con la participación del expresidente Pedro Castillo desde el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate donde se encuentra recluido, así como de las demás partes involucradas para emitir una decisión al respecto.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y la sociedad.

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