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por Redacción RPP
·El expresidente enfrenta un pedido de 34 años de prisión por rebelión, abuso de autoridad y perturbación pública. Junto a él son procesados sus exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta.
Este martes se instaló el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, quien es acusado de liderar un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. La audiencia, presidida por el juez José Neyra de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tuvo lugar en una sala judicial contigua al penal de Barbadillo, donde Castillo cumple prisión preventiva desde el día de la intentona golpista.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Galinka Meza, solicita 34 años de cárcel para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para cargos públicos. Meza destacó que este juicio "no tiene precedentes en la historia de Perú", subrayando su relevancia por tratarse de un ataque directo al orden constitucional.
Castillo rechaza defensa y coacusados comparecen
Durante la sesión, Castillo se presentó sin representación legal, tras haber prescindido de sus cuatro abogados previos y rechazar un defensor público. "No acepto someterme a esta pantomima", afirmó ante los magistrados, quienes le asignaron un abogado de oficio conforme a la normativa judicial.
En una carta difundida en su cuenta de X momentos antes del inicio, el exmandatario insistió en que está "secuestrado" y que su discurso del 7 de diciembre fue una respuesta a demandas populares, no un delito.
Comparto mi MANIFIESTO: Rechazo esta farsa de juicio oral. (1/2) pic.twitter.com/xWdwQnFt6Q
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 4, 2025
Junto a Castillo, comparecieron seis coacusados: los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, y los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón.
La Fiscalía pide 25 años de prisión para Chávez, Huerta y los expolicías, y 15 años para Torres, todos señalados como coautores en el presunto delito de rebelión. Infanzón fue declarado reo contumaz al no presentarse, presumiéndose que está en Suiza.
En su imputación, la fiscal Meza dijo que Castillo habría coordinado con Torres y Chávez el mensaje televisado que anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y un gobierno de excepción. Además, ordenó impedir el ingreso al Legislativo y proteger las viviendas de sus padres y coacusados, mientras intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo, frustrado por su detención en flagrancia.
Castillo: "Hice lo que el pueblo me pidió"
En su exposición, la Fiscalía también resaltó que el mensaje de Castillo generó "alarma y zozobra" en el país, configurando el delito de perturbación pública. La Procuraduría del Estado, por su parte, solicitó una reparación civil conjunta de 65,4 millones de soles (unos 17,7 millones de dólares) por los daños patrimoniales ocasionados.
Castillo, en su intervención, asumió plena responsabilidad por el discurso, eximiendo a sus coacusados de cualquier participación. "Hice lo que el pueblo me pidió", afirmó, negando que hubiera un levantamiento armado o coordinación delictiva.
Fuera del penal de Barbadillo, simpatizantes de Castillo, muchos ligados al partido Todo con el Pueblo, se reunieron con carteles que lo califican como víctima de un "linchamiento político". Algunos intentaron ingresar a la sala, pero fueron contenidos por la Policía Nacional.
El tribunal anunció que el juicio continuará el jueves 6 de marzo con los alegatos de las defensas de los coacusados. Las audiencias, programadas tres veces por semana (martes, jueves y viernes), se realizarán en la sede de la Dinoes.
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