Los exparlamentarios apristas demandan que la instancia superior revoque una resolución que declaró infundada una cuestión previa presentada por sus abogados para anular todo lo actuado en la investigación y que el caso sea remitido al despacho del fiscal de la Nación.
El Poder Judicial admitió a trámite las apelaciones de los excongresistas del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder para anular la investigación preparatoria que se les sigue por el caso Odebrecht.
El juez Richard Concepción Carhuancho determinó que los recursos interpuestos por los exlegisladores, a través de sus respectivos abogados, cumplen las formalidades exigidas por el Código Procesal Penal para ser aceptadas.
Los exparlamentarios demandan que la instancia superior revoque la resolución emitida por dicho magistrado el último 24 de mayo en la que declaró infundada la cuestión previa que presentaron sus abogados para anular todo lo actuado, a fin de que se remita este caso al despacho del Fiscal de la Nación.
Ante ello, el juez Concepción Carhuancho resolvió mediante resoluciones emitidas el 31 de mayo, 05 de junio y 12 de junio "conceder" estos recursos de apelación y remitirlos a una de las salas de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
A través de estos recursos de cuestión previa, los exlegisladores buscan que antes de ser procesados judicialmente debían ser sometidos al procedimiento de antejuicio político en el Congreso de la República.
No obstante, el juez Richard Concepción Carhuancho desestimó estos recursos al determinar que a estos investigados se les imputan "delitos comunes" vinculados al ejercicio de la función cuando eran congresistas y por ello refirió que "no se trata de delitos contra la administración pública" lo cual es un requisito para que, en su condición de parlamentarios, puedan ser sometidos a un antejuicio político en el Poder Legislativo.
El caso
Esta investigación preparatoria se originó a raíz de la declaración que brindó el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, en Brasil el 28 de febrero del 2018 en la que reveló que dicha empresa brasilera entregó la suma de 200 mil dólares para financiar la campaña presidencial del líder aprista Alan García en el año 2006.
Esto originó que la Fiscal María Salazar, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato formalizará en el 2023 esta investigación preparatoria por un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza compleja.
La magistrada dispuso que se lleven a cabo una serie de diligencias como recibir las declaraciones indagatorias de los investigados quienes son los exministros Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.
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