por Julio Cisneros
·De aceptarse el requerimiento de la Procuraduría, la constructora brasilera OAS LTDA deberá asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se podrá realizar mediante moneda corriente o bienes.
El Poder Judicial admitió a trámite el pedido de la Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato para que la constructora brasilera OAS LTDA (ahora Constructora COESA S.A. en recuperación judicial) sea incorporada como "tercero civilmente responsable" en la investigación preparatoria seguida a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros por el caso del proyecto vial Línea Amarilla.
El juez Jorge Chávez Tamariz también adoptó similar medida en el caso de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú (ahora Constructora COESA S.A. en recuperación judicial) respecto a esta investigación preparatoria.
Mediante una resolución emitida el último 19 de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que el requerimiento presentado por la defensa legal del Estado peruano cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para ser admitido.
El magistrado dispuso que el requerimiento sea puesto en conocimiento de las demás partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente y, de presentarse alguna oposición, se convocará a una audiencia virtual para su evaluación correspondiente. En el caso contrario, se emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto a este caso.
Si el magistrado acepta el requerimiento de la Procuraduría AD HOC, estás empresas deberán asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que puede ser en efectivo o, en su defecto, con sus bienes.
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Villarán habría concertado con O.A.S. Sucursal Perú y Lamsac, según la Fiscalía
De acuerdo con la hipótesis del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, Susana Villarán habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el 2012.
Ello permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en el 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en 2014.
En la actualidad, Villarán afronta un juicio oral por los presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar tanto su campaña por el "NO" a su revocatoria en 2013 como para su reelección en sillón municipal en 2014.
Por este caso el Ministerio Público pidió que se le imponga 29 años de prisión al acusarla por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado peruano.
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