La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación presentado por el exmandatario, con el que buscaba revocar el extremo de una resolución previa que fijó en 24 meses adicionales la prórroga para la investigación preparatoria.
El Poder Judicial confirmó la resolución que amplía por 24 meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Pablo Kuczysnki y otros por los supuestos aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó el exmandatario, a través de su defensa legal con el que buscaba revocar el extremo de la resolución que emitió el juez Víctor Zúñiga Urday, el último 11 de julio, en el que fijó en 24 meses adicionales el plazo de la prórroga que decreto su despacho para esta investigación preparatoria.
El tribunal superior también declaró infundados los recursos de apelación que presentaron el cuarto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos para que se revocará la decisión de Zúñiga Urday en atención a que dicha instancia fiscal había solicitado un ampliación de esta investigación preparatoria, pero por un plazo mayor al de los 24 meses que fijo dicho magistrado en este caso.
La Fiscalía inició esta investigación luego que, en diciembre del 2018, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del ahora desaparecido partido político Peruanos por el Kambio (P.P.K) en la campaña presidencial del 2016 negaron haber entregado colaboración económica alguna.
Sobre reparación civil
Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos pidió al Poder Judicial que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y otros paguen en “forma solidaría” la suma de seis millones 729 mil 465.14 soles como reparación civil a favor del estado peruano por los supuestos aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016.
La defensa legal de nuestro país estableció el daño patrimonial de la siguiente manera: 06 millones 581 mil 364 soles por el delito de lavado de activos, 82 mil 267.3 soles por el delito de organización criminal, 32 mil 906.92 soles por el delito de falsa declaración en proceso administrativo y 32 mil 906 soles por el delito de fraude procesal, cargos que atribuye la Fiscalía estos investigados por este caso
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó esta propuesta inicial de reparación civil a favor del Estado dentro de la solicitud que hizo para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que realiza la Fiscalía sobre este caso, la cual fue aceptada el lunes 19 de agosto por el juez Víctor Zúñiga Urday.
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