La Fiscalía acusó a Walter Ayala del presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado y pidió además que sea inhabilitado por tres años y ocho meses para ejercer cargo público.
Un año y cuatro meses de prisión efectiva para el exministro de Defensa, Walter Ayala, por una presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales en el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, pidió al Poder Judicial la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos.
La magistrada acusó a Ayala como autor del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado y pidió además que sea inhabilitado por tres años y ocho meses para ejercer cargo público a raíz de este caso.
No obstante, Ávalos, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Poder Judicial que apruebe el “sobreseimiento” o “archivo” del delito de coacción que se le atribuye a Walter Ayala dentro de este proceso penal.
Este requerimiento mixto fiscal fue presentado el último 12 de febrero ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que dispuso que este documento sea puesto en conocimiento de las partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente en un plazo de 10 días, a fin de programar el inicio de la etapa de control judicial de dicho requerimiento fiscal para poder ingresar luego a la fase de juicio oral.
En vísperas, el exministro Walter Ayala, en su condición de abogado del expresidente Pedro Castillo, asistió a Palacio de Gobierno para presentar por escrito una solicitud al jefe del Estado, José María Balcázar, para que otorgue un indulto presidencial en favor de su patrocinado, quien cumple una condena de 11 años 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para rebelión a raíz de su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.