El recurso presentado por el expresidente Martín Vizcarra busca dejar sin efecto la inhabilitación que le impuso el Congreso por el caso ‘Vacunagate’. Ahora la Primera Sala Constitucional de Lima decidirá en los próximos días si acepta o no lo planteado por la defensa del exmandatario.
La Primera Sala Constitucional de Lima dejó al voto y decidirá en los próximos días si acepta o no la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra para dejar sin efecto la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, por haber recibido de forma irregular la vacuna contra la COVID-19 en octubre de 2020.
El tribunal superior evaluó la apelación presentada por el exmandatario, mediante su defensa legal, para anular un fallo en primera instancia que declaró improcedente la acción de amparo que interpuso para dejar sin efecto la sanción política que le impuso el Congreso de la República por el caso denominado ‘Vacunagate’.
Argumentos de las partes
Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, manifestó que en el caso de su defendido se violó el debido proceso, pues no se le permitió ejercer la defensa del expresidente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se trató el tema. Añadió que el periodo de investigación que se fijó en esta instancia parlamentaria fue muy corto.
Al respecto, el procurador del Congreso, Eduardo Peña Cabrera, desestimó los argumentos de la defensa legal del exmandatario y solicitó a la Sala Superior confirmar el fallo que el Poder Judicial emitió en primera instancia mediante el cual se desestimó la acción de amparo.
En su defensa, Martín Vizcarra aseguró ante el tribunal que el Congreso vulneró su derecho a la defensa al sostener que el proceso de inhabilitación en su contra siguió un plazo sumario de dos meses en el cual se violó lo establecido en la Constitución. Agregó que la sanción que le impuso el Parlamento responde a una “venganza política”.
El exmandatario presentó esta acción de amparo para ejercer el cargo de congresista por el cual fue electo en las últimas elecciones generales. Sin embargo, el Poder Judicial ya declaró infundada una acción de amparo presentada por una ciudadana en la que se solicitaba ordenar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que entregue a Martín Vizcarra sus credenciales de legislador.
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