Poder Judicial desestimó pedido de prisión preventiva contra excomandante general de la PNP Javier Gallardo

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Javier Gallardo Mendoza recuperó su libertad, luego de que el juez Leodan Cristóbal Ayala declarara infundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva que se presentó en su contra, en el marco de las investigaciones de los presuntos ascensos ilegales de oficiales de dicha institución durante el gobierno de Pedro Castillo.

El magistrado adoptó una similar medida en el caso del general PNP Luis Enrique Legua Egocheaga, el mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón y el suboficial PNP Jorge Tarrillo, quien fue escolta del expresidente Castillo; tras desestimar el requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva que se pidió contra ellos por este caso.

Durante la audiencia virtual, que comenzó a las 5:30 p.m. del último viernes, 20 de enero, y se prolongó hasta las 12:47 a.m. de este sábado, el juez Cristóbal Ayala emitió esta decisión al determinar que no se han cumplido los presupuestos que exige la ley para imponer la prisión preventiva.

El juez remarcó que la Fiscalía se refirió de forma genérica sobre los investigados y no desarrolló de manera individual los cargos que le atribuye a cada uno de ellos dentro de este proceso penal.

Así, el magistrado dispuso que estas personas afronten la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta e impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses. Además, los investigados deberán pagar cauciones económicas que van desde los S/ 4 000 hasta los S/ 10 000.

Los investigados deberán cumplir las siguientes reglas de conducta: pasar por un control biométrico cada 30 días, dar cuenta de sus actividades cada 15 días en el Poder Judicial, concurrir ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado y la prohibición de comunicarse entre coimputados dentro de este caso.

Fiscalía apeló la decisión judicial

Al término de esta audiencia virtual, el representante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder apeló esta decisión; mientras que los abogados de los investigados expresaron su conformidad con esta resolución judicial.

Tras la decisión del juez Cristóbal Ayala, los investigados abandonaron la sede policial de la DIVIAC, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde se encontraban sometidos a una orden de detención preliminar a raíz de este caso.

Como se recuerda, el Ministerio Público (MP) investiga a un total de 14 personas por el caso denominado “Ascensos ilegales en la Policía Nacional”.