El presidente del Tribunal Constitucional afirmó que si la demanda es admitida, la situación actual del Congreso se resolvería entre “tres y cuatro meses”.
Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, votó en contra de la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos porque “fue una elección peculiar”. El magistrado dijo a El Comercio que “el procedimiento en general no está terminado”.
“Yo creo que aquí en este proceso el TC tiene una responsabilidad histórica”, agregó el abogado.
La situación actual del Congreso se resolvería entre “tres y cuatro meses”, informó Blume en la entrevista con el diario local. “En el supuesto de que la demanda [del Congreso] sea admitida, el Ejecutivo puede contestar antes, no tomarse los 30 días. Y puede el tribunal, obtenida la respuesta, citar prontamente a audiencia”.
“Una medida cautelar se podría dictar en una semana, pero eso depende de la complejidad del caso […]”, expresó.
Desde su punto de vista personal, “el tribunal debe trata de emitir rápidamente un pronunciamiento [sobre la demanda competencial] para disipar cualquier situación y poder marcar un derrotero”. Dijo que si la ponencia del magistrado Carlos Ramos es rechazada el 29 de octubre, al no contar con la mayoría de votos (4), entonces se nombra a otro ponente para que elabore una ponencia que vaya acorde con la posición mayoritaria.
Sobre el documento filtrado en el cual Ernesto Blume recomienda que se admita la demanda, expresó que algunos medios construyeron “la teoría totalmente falsa de que yo estaría interesado en ir impulsando un proyecto de admisibilidad”. Recalcó que alguien incurrió en una falta grave al filtrar el correo de Sergio Ramos, el secretario general encargado.
“A mí me preocupa mucho un fenómeno que se viene produciendo en el país: que se cuestione permanentemente la labor judicial”, como por ejemplo, que al ser el ponente en el caso Keiko Fujimori sea acusado de ser “keiskista”. Agregó que aunque no tiene una conclusión, ya se está formando una opinión, la cual presentará esta o la próxima semana.
Por útlimo, dijo a El Comercio que el Tribunal Constitucional no tiene intereses particular: “Yo doy fe que en el TC no existe ninguna interferencia política”.
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