Triste cortejo de revelaciones [COLUMNA]

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Las afirmaciones formuladas por Luis Nava, quien fuera Secretario General de la Presidencia y ministro bajo el segundo mandato de Alan García, constituyen una nueva señal de la arraigada penetración de la corrupción en el funcionamiento de nuestras instituciones. Y esperemos que también de la eficacia de la lucha contra la corrupción llevada a cabo por jueces y fiscales. En espera de pruebas y de aclaraciones de las confesiones de Jorge Barata y de condenas judiciales, las informaciones de IDL Reporteros vienen avaladas por el rigor de ese equipo de periodistas de investigación y por el hecho de que hasta ahora sus revelaciones no han sido desmentidas. Algunos reprochan a Gustavo Gorriti un acceso privilegiado a fuentes y una administración política de los tiempos. Pero precisamente esas críticas parecen acreditar el contenido de sus afirmaciones. Tan grave como el testimonio de Nava sobre quien fuera su jefe y amigo es su denuncia sobre las amenazas que habría recibido para que no diga nada contra el APRA. Nava sostuvo que estando en la cárcel se le hizo saber que su familia pagaría las consecuencias. Entretanto, la justicia cambió el estatuto de Nava, de 73 años, que ya no vivirá bajo prisión preventiva sino bajo arresto domiciliario. No tenemos por ahora informaciones de la empresa de camiones de la familia Nava, que firmó millonarios contratos con Odebrecht. Los hijos del expresidente han desmentido las afirmaciones de Nava, mientras que el partido aprista lo considera una persona infame que se “ha prestado a una patraña” para librarse de la prisión preventiva.

Lejos de las pasiones políticas, el Tribunal Constitucional tomó una primera decisión relativa a las demandas planteadas a raíz del Pleno del 30 de septiembre. Cinco de los siete magistrados consideraron que la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos no es un proceso culminado y que en consecuencia el próximo Congreso tendrá que pronunciarse sobre su caso. El juez Eloy Espinosa explicó que la elección de Ortiz de Zevallos es objeto de cuestionamientos y que su resultado no ha sido publicado en el diario oficial El Peruano. Explicó también que la demanda firmada por Pedro Olaechea incurre en la falta de señalar qué magistrado debía salir para ser reemplazado por el supuesto nuevo elegido. El Tribunal Constitucional decidió también que el juez Carlos Ramos redacte la ponencia sobre la admisibilidad de la demanda de competencias, la misma que deberá ser remitida a los otros magistrados a más tardar el 29 de octubre.

Y puesto que hablamos de temas constitucionales, conviene recordar que nuestros vecinos bolivianos eligen nuevo presidente este domingo. Nuevo, parece un decir, porque los sondeos prevén una nueva victoria de Evo Morales, que contra el resultado explícito de un referendo, postula por cuarta vez. Solo el expresidente Carlos Mesa parece estar en condiciones de derrotarlo, si se llegase a una segunda vuelta. Morales postula porque una sentencia del Tribunal Constitucional, manifiestamente arbitraria, se lo permitió. No sorprende que siete de cada diez electores teman que se produzca un fraude electoral.

Y para hablar de cosas estimulantes en víspera del fin de semana, importa destacar la preparación del Teletón que se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre próximos. Se trata de un evento internacional que se traduce en un llamamiento a la generosidad de los ciudadanos que son estimulados a partir de la televisión y este año, de la radio. Los organizadores han puesto el acento en la solidaridad inclusiva, para luchar contra los prejuicios que siguen prevaleciendo en relación con personas discapacitadas. Para cumplir los objetivos de la Teletón nada es más alentador que pensar en la admirable lección de los deportistas para-panamericanos.

Las cosas como son