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Viceministro de Transportes es sentenciado a seis años de cárcel por actos de corrupción en Corpac

Luis César Rivera Pérez en un acto del MTC en su calidad de viceministro de Transportes, el que ejerce desde junio de este año.
Luis César Rivera Pérez en un acto del MTC en su calidad de viceministro de Transportes, el que ejerce desde junio de este año. | Fuente: PCM

Luis César Rivera Pérez, viceministro de Transportes desde el 2 de junio de 2022, fue encontrado culpable de beneficiar a dos empresas con contratos irregulares cuando era gerente central de aeropuertos Corpac. Su pena queda suspendida hasta que se resuelva su apelación en segunda instancia.

El viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, fue condenado a seis años de cárcel por interesarse en contratar los servicios de seguridad de dos empresas para el aeropuerto Juan Velazco Astete y la estación de radar Acopia Grande de Cusco, cuando ocupaba el cargo de gerente central de Aeropuertos Corpac.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao anunció en su cuenta en Twitter que demostró ante el Poder Judicial que, Rivera Pérez, cometió el delito de negociación incompatible (sancionado en el artículo 399 del Código Penal), en perjuicio del Estado.

Al igual que el exgerente general de Corpac, Dhenis Gamth Cabrera Garrido; el administrador del aeropuerto de Cusco, Carlos Enrique Huaroto Gerónimo; el jefe de equipo de administración del aeropuerto, Jorge Antonio Herrera Alcocer; y el gerente de seguridad del aeropuerto, José Antonio Custodio Cáceres Montanchez, a quienes también les impusieron la misma sanción penal.

Por su parte, el gerente general de la empresa World Security and Services S.A.C., Emilo Huamán Pérez, y el representante legal de Walkers Protection S.A.C., Henrry Smith Achaca Vergaray, fueron sentenciados en su calidad de cómplices del delito antes mencionado.

Rivera Pérez ocupa el cargo de viceministro de Transportes desde el 2 de junio de este año, y tres días después el dominical Punto Final de Latina dio cuenta de que el recién nombrado funcionario enfrentaba un juicio por corrupción. Ingreso al MTC cuando Juan Barranzuela era el titular del sector y permaneció en el cargo tras la juramentación de Geiner Alvarado como ministro de Transportes.    

Luis César Rivera Pérez expone en una presentación del Ejecutivo en el interior del país. En la mesa se observa al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
Luis César Rivera Pérez expone en una presentación del Ejecutivo en el interior del país. En la mesa se observa al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. | Fuente: PCM

Pena suspendida hasta resolver apelación

Además, ante el requerimiento de la Fiscalía, el juez dispuso en adelanto de fallo: el pago solidario de S/ 1 255 420.00 (un millón doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte soles) como reparación civil a favor del Estado; la cancelación de 180 días multa (equivalente a S/ 2 052.00 cada uno) y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de seis años.

En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Guzmán Vera Coronel probó que, Cabrera Garrido y el hoy viceministro autorizaron la contratación de las dos empresas por un monto de S/ 1 761 878.00 (un millón setecientos sesenta y un mil ochocientos setenta y ocho soles) y fraccionaron las órdenes de servicio por montos menores a 3 unidades impositivas tributarias (UIT), renovadas cada dos días entre marzo del 2013 y enero de 2014.

Para ello, omitieron el trámite de la exoneración por la causal de desabastecimiento inminente, con la finalidad de beneficiar ilícitamente a dichas compañías.

Asimismo, el representante del Ministerio Público comprobó que Huaroto Gerónimo, Herrera Alcocer y Cáceres Montanchez, en su condición de funcionarios del aeropuerto del Cusco, solicitaron la contratación del servicio de seguridad mediante las órdenes de servicio y permitieron su continuación sin observar o denunciar el hecho, con lo cual infringieron sus funciones.

Cabe precisar que, por disposición del Poder Judicial, la ejecución de la pena ha quedado suspendida hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia y bajo la condición de pago de una caución de S/ 30 000.00 cada uno.

 

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