Rivera dijo que era evidente que el PJ no aplicaría gracia para el caso Pativilca

El director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, se pronunció este lunes sobre la decisión del colegiado B del Poder Judicial, para que la resolución de indulto al expresidente Alberto Fujimori no aplique al caso de la matanza de Pativilca de 1992 y sea procesado como autor mediato

En declaraciones a RPP Noticias, Rivera consideró que era evidente que el colegiado iba a decidir por la inaplicación de la gracia presidencial a este caso, debido a que no existían fundamentos para en la resolución del 24 de diciembre para excluirle del caso.

“Desde todo punto de vista tratando de hacer un balance entre las decisiones que se podían tomar por el indulto y el derecho de gracia, lo del derecho de gracia parecía mucho más evidente para que el tribunal que sometió discusión ese beneficio declare su inaplicación. La carencia total de fundamentos o argumentos que podíamos encontrar en la resolución y en la que ni siquiera se había mencionado el caso por el cual el señor Fujimori era beneficiado con la gracia presidencial”.

Posición civil y respuesta de Fujimori

Respecto de la defensa de la parte civil, Rivera dijo que tanto el fiscal Luis Landa y la abogada Gloria Cano tuvieron una postura sólida para cuestionar la legalidad del indulto ya aplicación de la gracia en este caso. En tanto, comentó que Fujimori tiene derecho a impugnar la decisión del Poder Judicial.

“Efectivamente hay una posibilidad para impugnar la resolución para que sea la Corte Suprema de Justicia la encargada de tomar una decisión definitiva, pero apele o no apelen, Fujimori ha tomado condición de acusado y procesado en el caso Pativilca y por tanto estará sometido a todos los rigores, citaciones y todas las convocatorias que haga la Sala Penal Nacional al momento de disponer el inicio del juicio. Salvo que la Corte Suprema varíe esta situación, pero dudo que eso ocurra”.

El juicio

La justicia chilena no incluyó el caso Pativilca en el expediente de Alberto Fujimori, cuando este fue extraditado en 2007. El Gobierno peruano solicitó la ampliación de la extradición por el caso en octubre de 2015 y en junio de 2017, la Corte Suprema de Chile la aprobó.

Alberto Fujimori es acusado de autoría mediata en este caso como en los de La Cantuta y Barrios Altos. La Fiscalía pidió 25 años de prisión y el pago de una reparación de S/ 500,000 para los herederos legales de las víctimas.