por Redacción USA
·Fiscales generales de todo Estados Unidos acusan a la Casa Blanca de usar los fondos federales como arma política.
Veinte estados liderados por fiscales generales han presentado una demanda contra la administración Trump por condicionar el acceso a fondos federales al cumplimiento de políticas migratorias estadounidense promovidas por el gobierno central. Esta acción legal marca uno de los choques más importantes entre los estados y la Casa Blanca en lo que va del año.
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La batalla por los fondos públicos
Según los demandantes, el gobierno federal estaría intentando forzar a los estados a colaborar con medidas migratorias más estrictas, como la detención prolongada de inmigrantes sin documentos o el acceso facilitado de ICE a bases de datos estatales. De no cumplir con estas condiciones, se les reduciría el financiamiento para infraestructura, transporte y gestión de desastres. Estados como Nueva York, California y Massachusetts aseguran que esta presión es inconstitucional y atenta contra la autonomía estatal. El Departamento de Justicia, por su parte, ha defendido la medida como un mecanismo de “coordinación efectiva”. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema y sentar un precedente clave sobre los límites del poder federal en asuntos migratorios.
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