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por Redacción USA
·El Departamento de Seguridad Nacional anuló una política que restringía redadas en sectores laborales clave como agricultura y hotelería.
En una decisión que ha encendido el debate migratorio en EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revirtió una directriz que limitaba las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en granjas, hoteles y otras industrias con alta presencia de trabajadores indocumentados. La medida marca un retorno a políticas más agresivas en materia migratoria, tras una pausa que estuvo vigente desde 2021.
La orden, firmada por el secretario Alejandro Mayorkas en su momento, buscaba proteger a los trabajadores esenciales durante la pandemia, asegurando que las condiciones laborales y la economía no se vieran afectadas por operativos migratorios. Con esta nueva decisión, ICE queda habilitado para actuar nuevamente en estos espacios, lo que ya ha generado temor entre comunidades latinas y sindicatos agrícolas.
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El regreso a una estrategia más estricta
Según fuentes oficiales, la revocación de la directriz responde a una reevaluación del rol de ICE bajo el actual mandato presidencial. Funcionarios del DHS sostienen que la medida busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y evitar que sectores laborales se conviertan en “santuarios” para personas con órdenes de deportación vigentes. Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que esto representa un retroceso que criminaliza a quienes sostienen industrias vitales para el país.
Organizaciones laborales han alertado que los operativos en granjas y hoteles no solo impactarán a trabajadores indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses que dependen económicamente de la mano de obra migrante. En estados como California, Texas y Florida, las reacciones han sido especialmente intensas, ya que concentran grandes comunidades agrícolas y hoteleras donde los migrantes cumplen funciones clave.
Reacciones de líderes comunitarios y políticos
El cambio ha sido duramente criticado por legisladores demócratas y líderes comunitarios latinos, quienes denuncian que esta acción ignora los aportes económicos y sociales de los trabajadores migrantes. Algunos alcaldes han anunciado que reforzarán programas de “ciudades santuario” para minimizar el impacto en sus comunidades. Por otro lado, voceros del ala republicana han celebrado la decisión como un paso necesario para restablecer el orden migratorio.
El tema vuelve a polarizar la opinión pública en un momento donde la inmigración ocupa un lugar central en la agenda política nacional. Mientras sectores conservadores exigen mano dura, líderes latinos y organizaciones de derechos civiles insisten en la necesidad de una reforma migratoria que brinde vías de legalización y protecciones laborales. La reanudación de estas redadas en EE.UU. no solo implica consecuencias legales, sino también un cambio en el ambiente social y económico en zonas donde el trabajo migrante es indispensable.
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