Una investigación halló que los inmigrantes de nueve centros de detención de inmigrantes en Luisiana, USA, estarían violando las leyes federales.
Nueve centros de detención de inmigrantes en Luisiana, Estados Unidos, incumplen sistemáticamente los mínimos estándares de atención, lo que permite abusos generalizados y tratos inhumanos a los reos, reveló una investigación publicada el 26 de agosto por una coalición de grupos de derechos civiles.
La investigación, encabezada por la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y que analizó los datos obtenidos durante 59 visitas a los centros de detención entre 2022 y 2024, halló que estarían violando las leyes federales y de derechos humanos.
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Abusos a inmigrantes
Los inmigrantes detenidos denunciaron agresiones físicas, abusos sexuales, negación de medicamentos recetados para la epilepsia y la diabetes, y la falta de acceso a productos de higiene femenina, entre otras cosas.
El informe, basado en entrevistas a más de 6 200 personas detenidas, documenta abusos como el uso de grilletes dentro de la cárcel, el aislamiento prolongado, alimentos infestados de cucarachas en los centros del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), un 98% administrados por compañías particulares.
Luisiana es uno de los estados con mayor número de centros de detención de inmigrantes del país, solo superado por Texas, con más de 6 000 inmigrantes. La mayoría de las cárceles se encuentran en zonas rurales, lo que mantiene a los detenidos alejados de los abogados y de sus familias.
Luisiana también tiene la única cárcel del ICE en Estados Unidos conectada directamente a un aeropuerto.
"Hemos escuchado historias horribles que han sido corroboradas por una amplia documentación. Nuestros hallazgos respaldan aún más lo que las personas detenidas y sus defensores han exigido durante mucho tiempo: las cárceles del ICE de Luisiana deben cerrarse", dijo en un comunicado Sarah Decker, coautora del informe y abogada de Robert F. Kennedy Human Rights, una de las organizaciones que hizo parte de la investigación.
Por su parte, Andrew Perry, abogado de la ACLU de Luisiana, considera que el gobierno federal ha convertido la detención de inmigrantes en "una máquina de ganancias" a expensas tanto de los solicitantes de asilo como de los residentes de larga data de Estados Unidos. El abogado insistió en que "estas instalaciones deben cerrarse".
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