¿Son suficientes 87 votos para elegir al Tribunal Constitucional?

El artículo 201 de la Constitución establece que: “Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros”. Este porcentaje se cumple, ciertamente, con 87 votos a favor. El número cubre la formalidad pero no la sustancia, que supone la búsqueda de consensos para la conformación del nuevo Tribunal Constitucional (TC).

El TC, como es sabido, está en la cúspide del sistema de administración de justicia y puede definir prisiones preventivas, los alcances del delito de lavado de activos, la constitucionalidad de las leyes o la legitimidad de los nombramientos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, por solo citar algunos ejemplos. En verdad, al TC pueden llegar por diversas vías los más variados procesos, siempre que se invoque la vulneración de un derecho constitucional. Tras el agotamiento de esta instancia solo resta el ámbito supranacional. Ni la designación de jueces o fiscales supremos, ni la de ningún otro cargo en el sistema de justicia reviste tanta trascendencia.

La mayoría parlamentaria lo sabe. No se necesita la escucha de los audios difundidos en estos días, en los que varios congresistas parecen maquinar el modo de “bajarle la llanta” al TC, para suponer que para ella es vital la suma de votos dóciles y cercanos en ese alto tribunal. No se trataría siquiera de la búsqueda de afinidades ideológicas, sino de cercanías que garanticen escenarios jurídicos favorables para cuando se terminen de develar las decenas de codinomes  que podrían involucrar a algunos entusiastas de la atropellada elección del TC.

Nadie puede creer que la velocísima nominación de un grupo de juristas, algunos muy respetables  —como el doctor Edgar Marcos, quien hace pocas horas declinó la postulación—, responda a un real interés por dotar al TC de una composición renovada, capaz de garantizar el estado de derecho en el país y los derechos fundamentales de los peruanos. Ello se parece mucho más a una componenda sustentada en intereses no esclarecidos. Los partidos políticos que se prestan a esta fórmula, no deben fiarse de la mala memoria del electorado. El precio lo pagarán en las urnas.

Una elección de tanta trascendencia como la del TC, exige no solo la verificación de los 87 votos en el pleno del Congreso. Demanda, además, el cumplimiento de reglas básicas hoy exigidas internacionalmente, para la elección de altos magistrados. Principios como los de acceso a la información, transparencia, publicidad e independencia, son claves para garantizar un proceso limpio y creíble. Así lo ha manifestado el año pasado, por ejemplo, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en el caso de la designación del Fiscal General en Honduras.

No podremos ser nunca una democracia avanzada, ni tampoco un país próspero y desarrollado, con instituciones subsaharianas, surgidas de conciliábulos nubosos, justo a la hora undécima y en coincidencia con el avance de las investigaciones fiscales que atraviesan algunos de los sectores más poderosos del país.