Esperando a la Comisión de Venecia

El Congreso de la República se ha planteado, inequívocamente, una estrategia de dilación del proceso de toma de decisión sobre la propuesta presidencial de reforma constitucional, para el adelanto de las elecciones generales al 2020. En ese propósito se hizo una consulta a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia.

Esta es una instancia consultiva del Consejo de Europa, creada en 1990 para evaluar los estándares constitucionales de los países del este del viejo continente, en transición a la democracia tras la caída del muro de Berlín. Está integrada por 62 países miembros, cuatro estados observadores y uno asociado, además de tres partícipes con estatus especial: la Unión Europea, Sudáfrica y Palestina.

Si bien la Comisión está compuesta por la casi totalidad de estados europeos, también hay varios latinoamericanos: Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú. Nuestro país se sumó en 2009. Tres magistrados del Tribunal Constitucional peruano son parte de la Comisión. Los países suelen estar allí representados por jueces ordinarios y constitucionales del más alto rango y por profesores de derecho constitucional e internacional. No cabe duda de que la entidad es un referente del mayor relieve, cuando se trata de evaluar la idoneidad de las instituciones propias del Estado de derecho.

La Comisión, por lo general, no emite opiniones sobre la constitucionalidad de los actos materia de consulta, sino sobre los estándares usualmente aceptados en el marco del derecho constitucional comparado. Sus pareceres, como se sabe, no obligan a los Estados. Los temas que aborda de modo preferente están referidos a instituciones democráticas y derechos fundamentales, justicia ordinaria y constitucional, elecciones, referéndums y partidos políticos.

Los consejeros del Presidente del Congreso pueden haber advertido una cierta orientación a favor de los parlamentos en los informes de la Comisión, que los ha llevado a buscar ese escenario en el intento de dirimir sus desavenencias con el presidente Vizcarra. Sin embargo, esa percepción puede estar errada. Algunos casos recientes, analizados por ese órgano consultivo, se han referido a los arrebatos dictatoriales del régimen de Maduro contra la Asamblea Nacional en Venezuela o a países exóticos como Moldavia, donde su régimen parlamentario exige neutralidad presidencial, por encima de las tensiones entre el gobierno y el legislativo.

La Comisión de Venecia no ignora, sin embargo, la naturaleza de un régimen como el peruano, ni sus similitudes con sistemas semipresidenciales como los de Francia, Portugal, Finlandia, Austria, Polonia, Rumanía e Irlanda, en los cuales existen mecanismos que posibilitan la disolución parlamentaria y el adelanto de elecciones, como herramientas que retornan al pueblo la posibilidad de definir en las tensiones entre poderes públicos.  

Mientras la mayoría parlamentaria aguarda la visita de la Comisión de Venecia e impone un ritmo tortuoso a la decisión sobre el adelanto de elecciones, ella misma corre como la liebre para procurar la recomposición del Tribunal  Constitucional, último reducto en el que algunos esperan un espacio favorable para ventilar los procesos que comprometen a políticos, jueces y empresarios de la construcción. Más allá de los vericuetos y la retórica constitucional, el país no puede perder de vista que lo que está en juego es la lucha contra la corrupción y la defensa de las instituciones, que no pueden ser instrumentalizadas por intereses subalternos.