¿Y después del referéndum?

El referéndum del 9 de diciembre  expresa una clara voluntad popular a favor de la reforma política y del sistema de justicia, legitimando así al Poder Ejecutivo en su empeño reformista. Los comicios, sin embargo, no concluyen un proceso. Tan solo lo inician. El voto a favor de la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por ejemplo, demanda ahora una serie de pasos previos a su vigencia. Debe, en el marco del nuevo texto constitucional en la materia, dictarse una Ley Orgánica de la naciente entidad.

Para ello haría bien el Poder Ejecutivo en enviar al Congreso una propuesta con carácter de urgencia, que deberá discutirse en la legislatura extraordinaria anunciada ya por el presidente del Legislativo. Y es que solo a partir de la vigencia de aquella Ley Orgánica, para lo cual no hay plazo, se contabilizarán noventa días para realizar el proceso de selección de los miembros de la Junta. Solo entonces se habrá reconstituido el ente capaz de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

Si como esperamos, se concluye en enero el debate sobre la referida norma, en mayo próximo podría entrar en funciones la ansiada JNJ. Para entonces habrá transcurrido casi un año desde la emisión del primer audio de la vergüenza, que remeció el sistema de justicia y la vida política nacional.   

Pero el órgano que sustituye al Consejo Nacional de la Magistratura no es el único punto de agenda. Están pendientes de discusión, además, una serie de proyectos de ley que el presidente Vizcarra remitió al Congreso el 1° de agosto. Algunas de las propuestas más destacadas de ese paquete son los proyectos que crean la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, así como el que establece el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

Las autoridades nacionales de integridad y control permitirán, en caso de aprobación, que el control de la judicatura, todavía en manos de los propios magistrados, pase a entes autónomos, para enterrar en la justicia aquello de que “otorongo no come otorongo”. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, a su vez, puede favorecer la coordinación de todos los organismos constitucionales autónomos que conforman el sistema y, así, forjar políticas públicas en materia de justicia.

La reforma política sobre el financiamiento de organizaciones políticas deberá seguir su curso, sin que ello suponga atenuar las responsabilidades de quienes en el pasado hubieran recibido dádivas de origen ilícito en el contexto de campañas electorales. La no reelección parlamentaria no merece ya desarrollo normativo alguno, al mismo tiempo que el rechazo de la bicameralidad aplaza, para mejores tiempos, un debate sobre el tema, que tendrá que ser sereno y ajeno a todo chantaje.

El primer referéndum de nuestra historia republicana se produjo en 1919, para que la población se pronuncie sobre 19 reformas constitucionales que abarcaban, entonces como ahora, aspectos políticos y del sistema de justicia. Las expectativas habidas hace casi un siglo fueron burladas durante el oncenio de Leguía. Que esa historia de frustración no se repita.