Desigualdad y embarazo adolescente

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA: 2020), el embarazo adolescente, vale decir la maternidad entre los 10 y 19 años, es uno de los mayores desafíos sociales, económicos y políticos que enfrenta América Latina y el Caribe (ALC). La Organización Panamericana de la Salud (OPS: 2020) señala que la maternidad temprana conlleva afectaciones serias a nivel psicosocial, además de repercutir de manera negativa en la generación de oportunidades educativas y laborales. La evidencia indica que el embarazo adolescente contribuye con la “perpetuación de los ciclos intergeneracionales de salud precaria y la pobreza”. Por si fuera poco, los bebés de madres adolescentes corren mayor riesgo de sufrir trastornos neonatales graves, tener bajo peso al nacer o ser prematuros.

UNFPA indica que ALC es la segunda región con mayor tasa de embarazo adolescente en el mundo. Se calcula que cada año nacen un millón y medio de bebés de madres menores de 20 años, correspondiendo al 18% del total de alumbramientos. La Deutsche Welle, citando un informe de Naciones Unidas que analiza el periodo 2010-2015, halló que el país con mayor embarazo adolescente en ALC es República Dominicana con 100,6 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años, mientras que Cuba tiene el nivel más bajo con 48,3. El Perú, con 52,1 se ubica como uno de los países con menor maternidad temprana de la región.

Y efectivamente, se están dando progresos, aunque modestos, en la lucha contra este problema. El Censo Nacional y Vivienda del año 2017 identificó que la tasa de embarazo adolescente era 10.1%, una reducción de 1.6% respecto al censo del 2007. No obstante, como suele ocurrir en países con enormes desigualdades, los promedios nacionales ocultan más de lo que dicen.

Al medir esta problemática por quintil de ingresos, los datos son simplemente alarmantes. La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar del año 2019 manifiesta que las adolescentes del nivel socioeconómico más alto tienen un porcentaje de embarazo ocho veces menor que el de sus pares más pobres, 2.3% versus el 19.2% respectivamente. Al analizar este fenómeno vía autoidentificación étnica nuevamente las brechas son abismales. De acuerdo con esta misma fuente, una adolescente ashánika tiene 30 veces más posibilidades de ser madre que una nikkei.

En relación con los costos de oportunidad laboral, diversos estudios señalan que la maternidad y el matrimonio temprano “pueden interrumpir la acumulación de capital humano”. Es decir, las madres adolescentes tienen grandes dificultades para acceder al mercado laboral formal y están más predispuestas a optar por empleos con peores condiciones. UNFPA y Plan Internacional estiman que en el Perú al año 2019, una mujer que tuvo su primer hijo en la adolescencia tiene un ingreso anual de 3 mil 488 dólares americanos. Por otro lado, el ingreso promedio de una mujer que tuvo su primer hijo en la edad adulta es 4 mil 47 dólares americanos, una diferencia significativa.

Finalmente, UNFPA y Plan Internacional, en el marco de la iniciativa regional “165 millones de razones para invertir en adolescencia y juventud”, calculan que el impacto negativo de la maternidad adolescente en la actividad productiva nacional al 2019 es de 460 millones 457 mil dólares, divididos en gastos para la atención en salud de los embarazos adolescentes, ingresos fiscales no percibidos por impuestos, costos de oportunidad del empleo, de los ingresos y de la actividad laboral.

A manera de conclusión, en aras de consolidar los esfuerzos para abordar esta problemática, es necesario darle continuidad a las políticas públicas contra el embarazo adolescente. Sin embargo, los constantes cambios en instituciones claves como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 15 ministras en los últimos 10 años, no contribuyen a la sostenibilidad y predictibilidad de las políticas.