Si uno escucha a las entrevistas y discursos realizados por los sectores más radicales de la izquierda en el Perú, protagonistas de las recientes protestas sociales tras la salida del poder de Pedro Castillo, queda evidente que están muy frustrados. Se refieren al gobierno de Dina Boluarte como una dictadura fascista cívico-militar, ocultando o minimizando que Castillo intentó un Golpe de Estado que proponía instalar una dictadura. Olvidándose el hecho de que Boluarte era la vicepresidenta de Castillo y que ellos mismos votaron masivamente por ella.
Para los sectores más extremos de los movilizados, la actual situación política del país es inaceptable y afirman que están dispuestos a realizar acciones violentas hasta que Boluarte renuncie, que se cierre el Congreso y que se convoque una Asamblea Constituyente. Creen además, que con la acumulación de fuerzas lograda durante el gobierno de Castillo ellos ya tienen suficiente correlación de fuerzas para tener éxito en su insurgencia política.
Los hechos que precedieron ese sentimiento de molestia fueron: el fracaso del golpe de estado de Castillo, el reconocimiento a Dina Boluarte, por el Congreso, como la nueva presidente del Perú, y las acciones de las FFAA y PNP de contención de las acciones destructivas que ellos desencadenaron en diciembre.
Examinamos la posición respecto al golpe de estado por ideología política. La simpatía por el intento de Golpe de Estado de Pedro Castillo se hace evidente cuando cruzamos el apoyo al golpe con la ideología. El intento fallido de Castillo fue rechazado por 60% de la población, pero fue aprobado por el 57% de las personas que se consideran de izquierda (Fuente: encuesta de IPSOS, en Diciembre).
La plataforma de lucha de cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente han estado presentes mucho antes de la vacancia de Pedro Castillo, y la renuncia de Dina Boluarte se exigía antes que hubiera cualquier fallecido
Creemos que la irritación real de los grupos movilizados no se puede conocer únicamente desde su discurso. Para varios de ellos, esta molestia surge ante la percepción que han perdido el poder que anteriormente contaban con Castillo. Desde que Castillo llegó a la presidencia, utilizó el aparato del Estado para beneficiar a sus aliados: MOVADEF-FENATE, Perú Libre, JPP y similares, industrias ilegales, medios radicales de provincias y la denominada “Prensa alternativa”. Todos estos sectores en alguna medida apoyan discursiva o materialmente a las manifestaciones que vemos hoy, puesto que son muy conscientes de cómo se beneficiaron económica y políticamente durante la época de Castillo, y que con Dina Boluarte en el poder no lograrán un nivel similar de poder. Por el contrario, algunos perciben que, si Castillo hubiera continuado con su plan autoritario de disolver el Congreso, anular la Fiscalía y mantener en general el poder de concentrado, ellos se hubieran visto directamente beneficiados con recursos públicos en función de sus intereses políticos y ambiciones personales. Hoy, ya no tienen dicha “carta blanca” para operar, como la que Castillo se los brindó, y buscan alternativas que posibiliten recuperar dicha posición, siendo la más extrema la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar las reglas de juego a su favor. Sin duda, y para una proporción significativa de los movilizados, también existe un componente emocional, por la caída de un político con el que se sentían representados, a pesar de todas las evidencias de incapacidad y corrupción.
Los sectores que apoyan a Pedro Castillo comparten un proyecto de transformación radical del modelo de desarrollo del país y tienen un conjunto de aversiones y odios en común. Por sus objetivos y por sus odios, algunos de ellos (alrededor del 10% de la población) consideran que la acciones violentas pueden ser formas legítimas de protesta política que deberían ser permitidas y que cualquier acción de las fuerzas del orden, sea para evitar la destrucción de aeropuertos, de instituciones públicas o de la infraestructura nacional, es un acto fascista de un gobierno cívico-militar.
En su concepción política, los procesos electorales son legítimos en la medida en que eligen a los políticos de su simpatía: Castillo es un presidente legítimo, pero Boluarte es una usurpadora, aunque ambos fueron elegidos con sus votos. La legitimidad de un gobierno depende de la medida en la cual un gobierno les favorezca a ellos y a su programa. Estos sectores no ocultan su predilección por regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba o Nicaragua a los cuales consideran auténticas democracias populares sitiadas por la derecha internacional. Esto lo justifican al afirmar que la democracia representativa con división de poderes es una herramienta mediante la cual los poderes facticos ejercen el verdadero poder y el juego político está intrínsecamente sesgado en contra del interés de las clases populares.
Cien años atrás los marxistas luchaban por la insurrección, imitando lo que había pasado antes en la Comuna de París. En los años 60s dos nuevas teorías de revolución se pusieron de moda: la guerra popular prolongada (China) y el foco guerrillero (Cuba). En este siglo, la Asamblea Constituyente (AC) es el referente de cambio político radical. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Gabriel Boric hicieron sus Asambleas Constituyentes. Es con la AC que ellos imaginan la posibilidad de cambiar las reglas del juego político y moldear las instituciones de la democracia para eternizarse en el poder. La convocatoria a una Asamblea Constituyente es el gran objetivo al cual apunta toda la izquierda peruana. No ha sido coincidencia que en la declaración del Golpe de Estado de Castillo, él convocara a una AC.
¿Qué podemos esperar este año 2023?
Algunos de los sectores más radicales de izquierda, sienten que ahora es el momento para el enfrentamiento frontal hasta derribar el sistema político del país. Observando el clima emocional que expresan en sus asambleas, podemos considerar que podrían ocurrir acciones violentas en las próximas semanas.
Su plataforma política es minoritaria y su postura de enfrentamiento violento es aún más minoritaria, pero ellos parecen estar decididos a desencadenar múltiples manifestaciones regionales hasta trasladarse a Lima en una repetición de la marcha de los Cuatro Suyos de Alejandro Toledo, pero esta vez con un carácter radical y de izquierda. Ellos apuestan que sus acciones van a ir creciendo en impulso y alcance hasta que al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso no les quede más opción que ceder a sus presiones: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, convocatoria elecciones inmediatas e inicio de un proceso constituyente.
Podemos asumir con bastante confianza que no lograrán todo lo que proponen, pero no están claros aún los costos para el clima social del país y especialmente para el proceso electoral que se avecina.
Surgen muchas preguntas:
- ¿Vamos a tener un país más dividido que antes?
- ¿Las corrientes radicales, que hoy tienen un espacio cercano al 25% de la población, van a ampliar o reducir su respaldo social? ¿Lograran avanzar algo de sus objetivos?
- ¿La izquierda confluirá sus fuerzas en torno a un candidato o se fracturará en dos o más bloques? De partirse en bloques ¿cuál sería el bloque con más fuerza electoral: pro-Castillo, Antauro, o algún outsider?
- ¿Cómo los conflictos de los próximos meses van a afectar a la centro izquierda y la centro derecha? Van a acercarse más a las corrientes radicales, van a buscar construir una identidad política alternativa, o van a girar hacia la derecha?
- ¿Cómo va el gobierno de Dina Boluarte a manejar un grado inusual de conflictividad política con elementos de violencia?
- ¿Cómo la derecha, especialmente Fuerza Popular y Renovación Popular, van a encarar el potencial crecimiento de la izquierda, se unirá en torno a un candidato de unidad?
- ¿Cómo las fuerzas políticas del Congreso van a posicionarse respecto a los eventos del contexto político? ¿Cómo van a posicionarse políticamente de cara a las elecciones del 2024?
- ¿Cuál será el marco legal del proceso electoral? ¿Se realizarán reformas políticas que puedan afectar los resultados electorales, o seguirá casi igual que ahora? ¿Podrá participar Antauro?
Las respuestas a esas preguntas ayudarán, en gran medida, a definir hacia dónde se enrumbará el país después que pase la actual fase tumultuosa de la política nacional.
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