Las omisiones y contradicciones de la Política Nacional de Competitividad y Productividad

Continuando con el análisis de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), elaborado por el MEF, (en la primera entrega se analizaron sus aspectos positivos), vamos a exponer algunas consideraciones críticas a la propuesta.

Desde el prólogo, el ministro Oliva menciona que es “la primera vez” que se realiza un esfuerzo de esta naturaleza. Se olvida de la creación del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) en el 2002, y sus posteriores modificaciones, en el 2006 y 2009. Hubiera sido muy provechoso partir de una evaluación del CNC, en el que se gastaron significativos recursos públicos y privados. ¿Qué funcionó, que no funcionó, y por qué?

En el diagnóstico de la economía peruana, que se realiza presentando algunas cifras del desempeño del país entre el 2000 y 2017, se resaltan, con razón, los principales logros macroeconómicos; y, también se mencionan algunos indicadores que muestran las carencias de la población en agua potable, desagüe, energía eléctrica e internet. No se menciona en esta parte, el principal problema del país: que el 72 % de la PEA está en situación de informalidad laboral (cifra que aparece más delante en el documento). Este es el reto, económico y social, más importante que tiene el país, y el MEF debería reconocerlo.

En el Objetivo prioritario n.° 1: Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, que está adecuadamente priorizada. Sería conveniente incluir metas de inversión pública y privada hasta el 2030 para asegurar la reducción del déficit de infraestructura señalado en el diagnóstico.

El Objetivo prioritario n.° 2: Fortalecer el capital humano es uno de los más desarrollados en cuanto a aspectos considerados e información; sin embargo, hubiera sido deseable que se incluyan los importantes logros del gobierno en el mejoramiento de la educación universitaria, a través de la Sunedu.

El Objetivo Prioritario n.° 3: Generar las condiciones para el desarrollo de las capacidades para la innovación, adopción y transferencia de tecnología, es ciertamente de alta prioridad, y ocupa un lugar destacado en las políticas. Contradictoriamente, y este es uno de los problemas mayores del PNCP, a la hora de plantear logros en el gasto público en investigación y desarrollo se plantea llegar al 0,11 % del PBI en el 2025 y 0,14 % en el 2030. Cifras muy por debajo de lo que necesita el país, y muy lejos de lo que invierten los países de la región.

En el Objetivo Prioritario n.° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno; el diagnóstico es limitado y sesgado. Se dice: “Cuando los mercados laborales se caracterizan por presentar un número reducido de trabajadores que disfrutan de protección y beneficios laborales, la productividad se ve perjudicada por la desmotivación de la fuerza laboral y reducción de la inversión en los empleos”. No hay ningún estudio serio sobre el mercado laboral que sustente una afirmación de esta naturaleza. Este es un problema que adolece todo el documento: no se utilizan las investigaciones de reconocidos think tanks peruanos, como GRADE, el IEP, el CIUP, la PUCP, entre otros. Solo se consideran cifras y hallazgos proporcionados por instituciones vinculadas a los gremios empresariales; y, esto, en el campo laboral, no es aceptable.