Prisión preventiva, prisión presentida

El término corrupción viene rondando en la mente de los peruanos como un alma en pena que se rehúsa a dejar la vida terrenal. “Jueces vendidos”, “fiscales comprados” o “policías coimeados”, son algunas de las afirmaciones que van saliendo en reuniones familiares o eventos sociales, de boca en boca, con un tufillo hediondo causado por la decepción. Una creencia triste acompaña a estas ideas y continúa abriendo la herida de la discriminación en nuestro país; “si tienes plata, nada te pasa”, comenta un vecino con resignación.

El pensamiento del policía o el juez corrupto está en el lenguaje cotidiano desde hace muchos años atrás. En algunos casos por haberlo vivido presencialmente, pero en otros, por haberlo escuchado de las experiencias de diversas personas. No es una situación nueva, la esperanza en los organismos del estado se viene diluyendo con el pasar de los años.

Cuando una persona empieza a perder confianza en el sistema, aparece un virus capaz de destruir el orden y la seguridad de cualquier comunidad. La desesperanza entra por la puerta falsa de tu conciencia y busca instaurarse en el cuarto principal de tus decisiones. Algunos podrán adaptarse o acomodarse a la corrupción, tanto por la solidez económica que tienen o por cierta carencia de valores. Sin embargo, no todos podrán hacer lo mismo. La indignación y el resentimiento aumentan frente a esta percepción de injusticia.

El peor mal en un estado de derecho es que su pueblo pierda la fe en que es un estado de derecho.

¿Qué ocurre cuando la realidad te demuestra que sí hubo corrupción? ¿Qué pasa si empiezas a ver por los medios de comunicación, que jueces, fiscales, congresistas y hasta presidentes son parte de este terrible mal? Confirmas tu creencia. La idea que tenías entre los dientes acerca de todos estos organismos se hace tangible e incluso podría hacerse más grande de lo que realmente es. Aparece el error de la generalización, y la frase “unos jueces corruptos” se convierte en “todos los jueces corruptos”. Lo cual no es verdad por el simple hecho de ser una idea polarizada.

¿Qué pasará si un ciudadano ve que sus derechos son vulnerados?

Habrá personas que buscarán procesos de justicia más rápidos para que no haya oportunidad de colusión. Una prisión inmediata de aquel individuo denunciado será una salida válida para un grupo de personas que ya no cree en el sistema. Una prisión automática dará calma al miedo que anticipa una injusticia. “Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario”, se escucha entre las calles. En algunas situaciones la prisión preventiva es necesaria por las razones legales conocidas, pero en otras tal vez no. Incluso en estos escenarios mencionados, se intuye cierta esperanza en el sistema.

Cuando dicha fe se convierte en nula, se buscará justicia por cuenta propia, actitudes que coquetearán con la anarquía. Frente al caos vehicular y el quebrantamiento de las reglas de tránsito, no será extraño encontrar choferes con llaves de tuerca en la mano o con pistolas bajo el asiento. La necesidad de buscar orden y justicia por cuenta propia será tan grande que mucha gente podría ir contra la misma autoridad del orden, llegando inclusive a secuestrar policías (Bagua, 2009) o el linchar hasta la muerte a un alcalde de Puno (Ilave, 2004).

La percepción de abuso de poder y la desesperanza ante la justicia es una combinación peligrosa para cualquier país. Tal vez, ver justicia sobre aquellos personajes considerados “intocables” y con culpabilidad demostrada, permitirá recobrar la confianza en los poderes del estado. Tal vez.