Derechos de pesca, una inversión para la pesca sostenible

Días atrás, la prensa nacional registró las reacciones y comentarios respecto a la nueva tasa para los Derechos de Pesca en el Perú, que ha pasado de 0.25% a 0.43% del valor FOB de la harina de pescado por tonelada métrica de anchoveta.

La pesca en el Perú requiere más investigación, más aún si tomamos en cuenta la alta variación de las condiciones del mar peruano, ya sea por los ciclos naturales del planeta como El Niño o cómo consecuencia del cambio climático. Estos incrementan la incertidumbre, pero ya son parte de nuestra realidad, para la cual debemos estar adaptados. Por ello, la inversión en investigación y administración pesquera es necesaria si queremos mantener la sostenibilidad y ampliar la competitividad.

El incremento en la recaudación por derechos de pesca permitirá ampliar los fondos para estos fines tal como señala el reglamento de la Ley General de Pesca, que especifica en el artículo 27: “(…) se destinará para fines de investigación científica, tecnológica y capacitación un porcentaje del total de los derechos que recaude por concepto de concesiones y permisos de pesca”. De esta manera, quienes se benefician de la pesca, se comprometen a apoyar la gestión pesquera pública.

Además, en el año 2008, se congeló por diez (10) años la forma del cálculo de la tasa del derecho de pesca mediante el Decreto Legislativo 1084, que estableció las cuotas individuales de pesca por embarcación para la pesca industrial de harina de pescado. Además, no hay que olvidar que el Estado ha tardado más de un año en reajustar la nueva tasa. Es importante tomar en cuenta que, actualmente, el precio de la harina de pescado para exportación es de US$1500 por tonelada y que existe una fuerte concentración en el sector tras el establecimiento de las cuotas individuales de pesca por embarcación. Así, en el 2018, las siete empresas más grandes exportaron poco más del 90% de la harina de pescado del Perú, en el 2006, fue el 62%.

De otro lado, el impacto neto del incremento establecido es mucho menor, pues hay que tomar en cuenta que desde hace un año han dejado de aportar 1.95 dólares, por TM de anchoveta que reciben las plantas, destinado al fondo para la jubilación de pescadores debido a la quiebra de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.

Este Congreso ha sido incapaz de abordar este tema, pues corresponde a una ley y no a una norma sectorial la decisión de continuarlo por un periodo determinado de tiempo.

En la misma línea, se debe actualizar los derechos de pesca para la flota de menor y mediana escala destinada al Consumo Humano Directo (CHD) con similares criterios a los actualizados para el sector industrial, pero tomando en cuenta sus particularidades. Esta actualización a su vez tiene un sentido gradual en el cumplimiento de las disposiciones legales.

El Estado, en la pesca y etros recursos naturales, tiene que ampliar sus capacidades para conceptualizar y estimar con mayor precisión y solidez el valor económico de las rentas que generan estos recursos. Conocer y documentar mejor las actividades pesqueras y sus costos es una de ellas. Otra es establecer prioridades de investigación con los ingresos por los derechos de pesca. Ayudará mucho a su legitimidad si se hace explícito el destino de estos fondos. Tenemos una idea de cuanto se espera recaudar, pero no tenemos idea en que se utiliza.

En esto resulta clave comprender que la mitad de los derechos de pesca se destinarán a los Gobiernos Regionales (GORE) costeros y a las municipalidades, por lo que en este ámbito ya no es PRODUCE quien rinde cuentas sino las autoridades descentralizadas. Evidentemente, se tendrán que modificar las condiciones de estos recursos, que deben asignarse a labores directamente relacionadas con la gestión pesquera. Por ejemplo, regular y fiscalizar la pesca artesanal, promover la formalización, control de desembarco en puertos, mejora de condiciones sanitarias en puntos de venta, entre otros.