El desvío ilegal de anchoveta en el Perú

Quizá la especie emblemática del mar peruano sea la anchoveta, el pez de alto contenido proteico que nos convirtió en referente mundial de la producción de harina de pescado desde los años 60. A pesar de los altibajos de la industria pesquera nacional, la anchoveta mantiene su liderazgo: la segunda temporada de pesca del 2018 superó en 63% el promedio de los últimos tres años. Por aquella razón, el nuevo estudio realizado por OCEANA –en el que trabajamos con Jorge Grillo, Renato Gozzer y Juan Carlos Riveros– resulta de enorme interés para quienes abordamos el desarrollo económico basado en la protección de los ecosistemas marinos.  

De acuerdo con lo investigado, en la última década, la flota artesanal y de menor escala dedicada a la captura de anchoveta para el Consumo Humano Directo (CHD) se expandió y originó el incremento de centros de procesamiento de harina de pescado, muchos de los cuales operan de manera ilegal. 

Lo cual influye en la sobreexplotación del recurso, afecta la sostenibilidad de la pesca, impacta en la economía del sector e inhibe la innovación productiva, de importancia estratégica para la seguridad alimentaria en el Perú.  

Esto no solo supone enormes pérdidas económicas para la industria formal, sino que además sugiere que hay un abastecimiento ilegal de materia prima que implicaría una sobreexplotación. Esto coincide con los valores de la harina de pescado, que en los últimos años ha fluctuado entre US$ 1300 y US$ 1700 por tonelada, según su contenido proteico o si está mezclado. Por tanto, las anchovetas llegan a estas plantas de producción ilegal a través de diversos puertos de desembarque. Cada planta demanda entre 10 y 90 toneladas de pescado por día.  

Los mercados de destino para esta harina suelen ser empresas de Ecuador y Perú dedicadas a la producción de alimento balanceado para pollos, ganado y acuicultura. Si bien el estudio de OCEANA apunta que no se puede precisar con exactitud cuánta harina de pescado ilegal se produce en el Perú, se estima que cada año se desvían 150 mil toneladas de anchoveta. 

Sin duda, son varias las instituciones llamadas a atender esta problemática y a buscar soluciones multisectoriales. Por un lado, se requiere controlar mejor las rutas de abastecimiento, con un sistema de monitoreo que promueva la transparencia con acceso público y la trazabilidad, sin dejar de fortalecer la fiscalización en los desembarcos. Por otra parte, deben elevarse las capacidades logísticas y legales de los gobiernos locales y regionales, así como el involucramiento de PRODUE, SUNAT, Fiscalía Ambiental, OEFA, DICAPI y, por cierto, DIREPROS. capaz de generar un canal de comunicación que propicie denuncias.  

Este reporte, que ha sido presentado públicamente esta semana, merece dar pie a nuevas discusiones tanto en el espacio público como en el campo de la educación superior, donde información así se convierta en el aliciente académico que muchos necesitan. Aún queda mucho por investigar y mientras más enterados estemos, mejores resultados obtendremos.