Cada 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos, fecha instaurada por la ONU y que este año se desarrolla en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo. En este contexto, el Perú tiene una deuda con su mar. El Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU relacionado a la vida submarina tiene varias metas que deben cumplirse al 2020, metas que deben garantizar las mínimas condiciones que necesita el mundo para crear un futuro más equitativo y garantizar la sostenibilidad de los recursos en el tiempo.
Entre estas metas está la que señala que para el 2020 se debe conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas. Otras metas indican que se debe gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes; así como reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada, y las prácticas de pesca destructivas. (Ver las metas del ODS 14 en: https://bit.ly/2UermFC)
En lo que respecta al país, quiero resaltar dos de las metas. La primera, tiene que ver con la necesidad de avanzar en la protección del mar peruano. Actualmente, solo protegemos el 0.5% de nuestras 200 millas y la meta es conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas. Hoy estamos bastante lejos de alcanzar esa cifra. El desplome del precio del petróleo tendrá repercusiones en las expectativas de explotación en el zócalo y refuerza las condiciones para la aprobación de la propuesta de reserva en el mar tropical. En el mismo sentido, incorporar montes submarinos – con la propuesta de reserva en la Dorsal de Nasca - abre una nueva frontera en la conservación (e investigación) marina peruana.
Asimismo, una segunda meta está relacionada a la importancia de la formalidad en las actividades pesqueras que hoy se evidencian en el marco de la pandemia de la COVID-19. Esto implica no solamente un cambio por parte de los pescadores artesanales, sino también de las instituciones públicas involucradas, cuyos procesos administrativos y trámites son largos, con condicionalidades para el uso de determinados servicios médicos, entre otras trabas y barreras.
Allí nuevamente es necesario advertir que los gobiernos regionales están lejos de cumplir con las competencias relacionadas a la pesca artesanal. Aquí hay otra brecha importante entre lo que se demanda y lo existente. Oceana ha hecho un reporte sobre la pesca en los Planes de Desarrollo Concertados Regionales (costeros) y un análisis del presupuesto asignado a la función pesca, cuyos resultados demuestran que la pesca artesanal y la comunidad pesquera no son una prioridad.
Finalmente, las municipalidades tienen retos importantes en el ámbito de la comercialización. En estos momentos, por ejemplo, los mercados son un espacio de transmisión de la COVID-19, lo son también los terminales pesqueros, con un potencial alto de esparcimiento a lo largo de la costa.
Valga entonces la fecha, para no perder, dentro de las urgencias actuales, las perspectivas relacionadas a la construcción de actividades sostenibles y responsables en las pesquerías peruanas
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