Conferencia internacional para atender necesidades de migrantes venezolanos

La situación de Venezuela va de mal en peor. Y no se atisba un rumbo de solución. La complejidad de la situación política interna de este país se ve agravada por la injerencia de potencias internacionales que procuran convertirla en un escenario más de confrontación en la emergente nueva Guerra Fría. Esto viene polarizando a la comunidad internacional, y amenaza la paz global. Pero, haciendo un paréntesis sobre las dimensiones políticas de la crisis, la comunidad internacional tiene que redoblar esfuerzos para atender el masivo drama humanitario que ella viene generando.

No caben medias tintas: el régimen de Maduro tiene el deber jurídico y moral de proteger a su propia población, incluyendo el evitar que esta tenga que migrar hacia el exterior. Pero la comunidad internacional en su conjunto tiene igualmente la obligación de proteger a los venezolanos, dentro de su país, y en el exterior cuando han migrado huyendo de los abusos y de la pauperización, particularmente si el autócrata Maduro los ha abandonado. La noción de “deber de proteger” es reciente dentro de la doctrina humanitaria, y podría en caso extremo justificar una intervención militar internacional, desprovista de cualquier pretensión imperial, como decisión multilateral y con estricto apego al derecho internacional contemporáneo, para acabar con la causa de los atropellos y el empobrecimiento masivo que tanto victimiza al pueblo venezolano. Jurídica y moralmente, ya existen fundamentos para ello, pero su ocurrencia dependerá, entre otros factores, del desenvolvimiento del proceso político dentro de Venezuela y de la concertación internacional.

Mas, el sufrimiento de los venezolanos no espera a que se logre una solución definitiva mediante la deposición o renuncia del régimen de Maduro. Y el deber de protección de la comunidad internacional no puede seguir estando diluido en fraseología diplomática o en meros buenos propósitos. Sin perjuicio de seguir gestando consenso internacional para ejercer presión política encaminada a lograr la restauración democrática y la reconstrucción de Venezuela, es hora ya que la comunidad internacional aborde su obligación de proteger al pueblo venezolano de un modo más estratégico y sustancial.

Con tal propósito debiera convocarse a una conferencia internacional para analizar y comprometer respuestas frente a la crisis humanitaria venezolana. Un primer paso en ese rumbo debiera ser el de diseñar un programa de apoyo a la inserción social y productiva de los cientos de miles de venezolanos que han emigrado hacia países vecinos. Esto es de la máxima prioridad para evitar que se propaguen situaciones que ya vienen aconteciendo y que los revictimizan, como son la explotación laboral y el tráfico de personas (principalmente a través de la prostitución), además de reacciones xenófobas entre algunos sectores de las poblaciones anfitrionas. Es evidente y preocupante que el flujo de migrantes venezolanos -que en el caso peruano alcanzaría a aproximadamente 750 mil personas- esté desbordando las capacidades sociales y estatales para brindarles una acogida digna; y esto amenaza convertirse en una fuente de diversos males sociales. La magnitud del fenómeno desborda las responsabilidades y capacidades de los países de acogida, haciendo indispensable forjar una respuesta multilateral.

En consecuencia, el primer paso que debiera surgir de ese indispensable consenso internacional para la atención humanitaria de los venezolanos tiene que ser el de constituir un programa de apoyo a la inserción migratoria de estos dentro de los países de acogida, que promueva la generación de capacidades para su empleabilidad y los apoye la ejecución de emprendimientos empresariales, además de brindarles asistencia para garantizar la cautela de sus derechos humanos. Un programa de esta naturaleza requerirá cuantiosas inversiones, que debieran ser financiadas por organismos financieros multilaterales. Los respectivos contratos de crédito debieran ser suscritos por el Estado de Venezuela representado por Juan Guaidó, Presidente Constitucional reconocido como tal por un significativo sector de la comunidad internacional, como expresión que su Estado reconoce esa deuda como suya y se obliga al reembolso cuando su país se haya recuperado. Otras entidades de cooperación internacional podrían aportar recursos de asistencia técnica para la implementación del programa.

En una segunda etapa y según vaya avanzando el proceso político interno dentro de Venezuela, ese consenso internacional para la atención humanitaria podría diseñar acciones para implementarlas dentro del territorio de este país.

En el proceso de dar cara al drama humanitario venezolano, mucho hay para aprender de la experiencia de los años ochenta, a través de CIREFCA (Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos). Si bien las circunstancias de allí y entonces son muy distintas a las de aquí y ahora, la experiencia internacional de CIREFCA fue exitosa en coordinar la adecuada protección e inserción migratoria de los miles de refugiados, repatriados y desplazados de los siete países afectados, y en generar condiciones sobre el terreno que contribuyeron a la forja de la paz regional. 

Es asaz incierto cómo se desenvolverá el proceso político en Venezuela, o cuándo y cómo logrará restaurarse la democracia e iniciarse el proceso de reconstrucción nacional. Pero eso no es óbice para que la comunidad internacional deje de asumir su deber de proteger al pueblo venezolano, siendo la atención a su diáspora el desafío más inmediato y factible. La hora de las frases almibaradas ya debe dar paso a las acciones concretas.