Desde finales de la década de los 60 (inicio del denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas), pasando por la intrascendente administración del 80 al 85 (deterioro significativo de la tasa de inversión) y el insostenible posterior desequilibrio macroeconómico observado del 85 al 90, la economía peruana sufrió un lamentable proceso de ahogamiento de nuestra capacidad para generar riqueza. Algunos estudios equiparan esta catástrofe a la situación económica de la posguerra del Pacífico.
A inicios de la década los 90, respecto del PBI, el consumo privado registraba un 80 %; el gasto público no llegaba al 8 %; la inversión bruta interna raspaba el 15 %, y la participación de nuestras exportaciones ligeramente superaba el 10 % (las importaciones, algunos pocos puntos más).
Hoy, en cuanto al PBI, el consumo privado registra un 65 %; la participación del gasto público se ubica a unos puntos más del 10 %; la inversión bruta interna representa alrededor del 20 % (en el 2013 llegó al 26 %), y nuestras exportaciones contribuyen en un 25 % (paralelamente las importaciones representan un 23 %, lo que genera un saldo positivo en la balanza comercial).
Podemos afirmar que, en poco menos de 30 años, la composición del PBI en el Perú ha mostrado un cambio estructural con respecto al gasto, y son dos los grandes motores dinamizadores: el incremento sustantivo de la inversión y el sector externo. Para ser más precisos, la inversión privada, que incluye la inversión extranjera directa, representa el 85 % de la inversión total.
Para graficar la magnitud de las lamentables políticas económicas aplicadas en el Perú en las décadas de los 70 y 80, el Banco Mundial publicó Perú en el umbral de una nueva era. Lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más incluyente (2011). En esta publicación se hace especial referencia a que recién en el 2005 la economía peruana recuperó el nivel del PBI per cápita real logrado en 1981; es decir, en casi 25 años no fuimos capaces de incrementar los niveles de productividad laboral media agregada de nuestra economía, sino que, más bien, la destruimos.
Es bastante conocido que en la década de los 90, en términos generales, se optó en el Perú por la implementación de las recomendaciones del Consenso de Washington, basadas en el principio del get prices right: disciplina fiscal, direccionamiento del gasto público hacia la compensación social, reforma tributaria y arancelaria, liberalización de las tasas de interés, eliminación del régimen de tipo de cambio fijo, liberalización de la balanza de pagos, atracción de la inversión extranjera directa, eliminación de regulaciones que impidan el acceso a los mercados o restrinjan la competencia, seguridad jurídica para los derechos de propiedad, entre otros. El objetivo era mejorar la asignación de los recursos productivos (capital y trabajo) mejorando paralelamente la productividad multifactorial de los mismos (productividad total de factores).
Estas reformas estructurales nos sirvieron para aprovechar la tendencia positiva de los términos de intercambio observada en el período 2000-2011. Así, en el 2007, la participación de las exportaciones en el PBI registró un nivel récord del 30 %. Del 2005 al 2007, la economía peruana mostró un importante superávit fiscal y una balanza en cuenta corriente positiva, que supo recuperar después de la crisis financiera internacional del 2008. En el 2018, coincidentemente ante un deterioro de los términos de intercambio, registramos un déficit fiscal de -2,3 % del PBI y un déficit en la balanza en cuenta corriente de -1,6 % del PBI.
¿Supimos aprovechar los “buenos vientos” de la primera década del presente siglo? Tras el Consenso de Washington se recomendaba pasar del get prices right (ajuste estructural) al get institutions right (reformas estructurales de segunda generación). Estimamos que, nuevamente, nos acostumbramos al facilismo del “piloto automático” o a aprobar proyectos de dudosa rentabilidad social, entre otros.
De acuerdo con la información del Banco Mundial, actualmente el Perú mantiene ratios de inversión y exportaciones respecto del PBI a los niveles promedio del mundo; sin embargo, al ser una economía emergente, deberíamos estar en posiciones relativamente superiores si se aspira a lograr tasas de crecimiento del PBI que puedan redundar en mejoras sostenibles en la productividad laboral media agregada del país y, por ende, mejores niveles de bienestar y reducción de la pobreza.
El año anterior se aprobaron dos instrumentos que apuntan en la ruta correcta: el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (de acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017-2018, el Perú se ubica en el puesto 85 de 137 países en el Indicador de Calidad de Infraestructura).
Los peruanos conocemos cuál es la ruta correcta para seguir apostando por el progreso y luchar contra la pobreza. Igualmente, debemos tener bien presente cuál es la senda que nos puede llevar hacia un nuevo desastre económico y social. Ya tenemos la agenda, ahora nos falta ejecutar correctas políticas de Estado.
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