En defensa de la educación superior

La aprobación en el congreso de la ley que modifica la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU no es un asunto menor y tiene que ver con toda la ciudadanía en su conjunto, de allí la amplia acogida a la campaña nacional de recolección de firmas impulsada por Foro Educativo, a iniciativa del ex procurador César Azabache.

Las y los profesionales son quienes llevan adelante la gestión pública y privada, conducen las empresas, se encargan de la educación e investigación, y asumen mayormente los cargos de representación pública. En otras palabras, los destinos de las instituciones del país están a cargo de profesionales que se forman en universidades e institutos. En ese sentido, es indispensable que los egresados alcancen las competencias esperadas, lo cual garantiza un mejor desempeño bajo el sistema meritocrático y burocrático que caracteriza las instituciones modernas. De allí que la formación deba ser integral, ofreciendo contenidos de calidad y todo lo necesario que aporte a su desarrollo ético y político, que los vincule socialmente y fortalezca su vocación por la justicia y la transformación.

Por otro lado, la profesionalización sigue siendo un anhelo de las y los jóvenes que egresan de la educación básica. La Secretaria Nacional de Juventudes (SENAJU) señala que la transición de la educación secundaria a la educación superior, se ha reducido de 36.6% en el 2019 a 20.8% en el 2020 por impacto de la pandemia. Es decir, solo 1 de cada 5 jóvenes accede a este nivel, y bien sabemos que acceden menos los de estratos socioeconómicos más bajos.

Considerando que las universidades forman a la clase política y económica del país y son las sedes de producción del conocimiento, resulta fundamental que el tema de la educación superior cobre un lugar preponderante en la agenda pública. No se trata de una defensa ciega de la SUNEDU. Las 5000 firmas son requisito para interponer una demanda constitucional que deje sin efecto dicha ley y de inmediato dar paso a una discusión nacional en torno a la educación superior: la tendencia a su mercantilización, su concepción monocultural y eurocéntrica, las desigualdades en el acceso y otras debilidades.

Las denuncias de plagio en las tesis de varios personajes de la política expresan una de esas debilidades. Algunas universidades se conforman con exigir la tesis solo como un requisito para la obtención del título y no se plantea como un ejercicio de rigor que confronte todos los aprendizajes acumulados con la realidad para aportar al conocimiento. Una razón más para fortalecer y potenciar la SUNEDU y no socavarla como se pretende con la ley aprobada recientemente, al colocar como juez y parte a los mismos rectores dentro de su Consejo Directivo. La apuesta es por una educación superior que forme integralmente a sus estudiantes para que sean capaces de ofrecer lo mejor de sí, con dignidad, integridad y probidad. Es lo que se espera de nuestra clase política.