La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinará con las directivas del Colegio de Abogados y del Colegio de Contadores para poner en práctica el reglamento emitido por la SBS en el 2018. La norma vigente establece que los abogados y contadores deberán reportar casos sospechosos de lavado de dinero.
De acuerdo con esta normativa, delimitada a partir de un decreto supremo del 2016, los abogados o contadores que estén relacionados a la compra de inmuebles y/o administren finanzas deberán tener un sistema para prevenir el blanqueo de dinero.
Hasta el momento, solo 24 estudios de abogados se encuentran registrados ante la UIF. Del total, solo 18 tienen un sistema antilavado aprobado.
Actualmente, la UIF calcula que hay alrededor de US$ 3,263 millones bajo sospecha de lavado de activos. El 68% de la cifra, detectada entre agosto del 2018 y julio del 2019, sería procedente de la minería ilegal.
Asimismo, la UIF indicó que desde el próximo año podrán acceder al registro del “beneficiario final”, es decir, un reporte de las personas que controlan las empresas. Esta información ayudará en la lucha contra el lavado de activos.
