Cosco Shipping responde a EEUU: naturaleza privada del puerto de Chancay no afecta soberanía del Perú

Luego que el gobierno de Estados Unidos afirme que la falta de regulación estatal en el puerto de Chancay les "cuesta la soberanía" al Perú, el operador del terminal portuario,  la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), respondió defendiendo sus operaciones. 

"Su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional; el puerto no tiene
ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria", afirmó tras afirmar que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH) es una infraestructura portuaria que promueve el comercio y la productividad del país. 

A través de un comunicado, la compañía china remarcó que las autoridades peruanas ejercen todas sus atribuciones de control y supervisión dentro del puerto, a través de diversas entidades públicas que operan de manera permanente en sus instalaciones.

Entre ellas figuran la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Aduanas), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), incluida una Unidad de Control Conjunto multisectorial, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Migraciones, la Dirección Nacional Antidrogas, la Policía Fiscal y Ambiental, autoridades sanitarias y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

De acuerdo con la empresa, esta presencia institucional garantiza que el terminal opere bajo estándares de fiscalización equivalentes a cualquier otra infraestructura estratégica del país.

Fallo judicial 

La controversia entre el Puerto de Chanchay y el Estado peruano, a través del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), se inició tras la oposición de la empresa de ser regulada por la entidad pública, pues considera que al no ser una concesión sino una inversión 100% privada, no debe ser supervisada por Ositran. 

Para esclarecer esta situación, la empresas operadora del puerto de Chancay presentó una demanda ante el Poder Judicial, que un fallo de primera instancia determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) debe "abstenerse de ejercer -directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción" sobre las actividades del puerto.

La única excepción será la fijación de tarifas a los usuarios finales, y únicamente en caso de que el Indecopi confirme previamente que no existe competencia en el mercado.

Es esta decisión la que llevó al pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos que cuestionó el falló, pues considera que le resta soberanía al Per. También la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Perú, señaló que usarán los "recursos procesales" que se requieran para revertir la decisión judicial. 

Quien también se pronunció fue el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, quien afirmó, en rueda de prensa, que China "se opone firmemente" a las declaraciones de la parte estadounidense que calificaron al país asiático como "depredadores". 

Cosco defiende sus operaciones

El comunicado de Cosco Shipping también hace referencia al mencionado fallo judicial en el marco de la acción de amparo interpuesta por la empresa frente al Ositran.

Sostiene que la Ley del Sistema Portuario Nacional asigna competencias específicas de control y supervisión a distintas entidades del Estado. En particular, establece que Ositrán debe supervisar el cumplimiento de contratos de concesión y regular tarifas en mercados donde no exista libre competencia portuaria de uso público.

No obstante, la compañía señala que la defensa de los derechos de los usuarios portuarios corresponde, en el ámbito de su competencia, a la Autoridad Portuaria Nacional.

En ese contexto, precisó que el recurso judicial presentado busca salvaguardar la estabilidad normativa y jurídica bajo la cual se realizó la inversión, sin que ello suponga una merma en la capacidad del Estado para fiscalizar o proteger a los usuarios.

“El Estado no pierde capacidad alguna de control y fiscalización”, enfatizó la empresa.

Asimismo, indicó que, mientras se desarrolla el proceso judicial, ha venido efectuando el aporte por regulación exigido por Ositrán “bajo protesta”.