También están incluidos ex trabajadores y jubilados quienes se beneficiarán con la transferencia de las acciones del Estado en las empresas agrarias azucareras.
El director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Mario González, manifestó hoy que 9,720 trabajadores, ex trabajadores y jubilados se beneficiarán con la transferencia de la participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras a su favor.
“Cada trabajador tomará su decisión, lo importante es que se van a volver accionistas de la empresa azucarera en la que trabajen y serán dueños de su propio destino. Estamos seguros que esta medida permitirá que la gestión de la empresa mejore y se agilice”, señaló.
Precisó que existen 6,790 trabajadores, ex trabajadores y jubilados registrados de la empresa Pomalca, 2,638 de Tumán y 112 de Cayaltí.
“Esa es la cantidad de trabajadores que podrían acceder a este pago parcial desde sus acreencias con acciones de propiedad del Estado”, comentó.
Precisó que el Estado es propietario de 103 millones de acciones en la azucarera Pomalca, mientras que en Tumán posee dos millones 441 mil acciones y en Cayaltí 5.52 millones de acciones.
“Tomando en consideración el valor de bolsa, el valor en Pomalca es de 63.20 millones de soles, en Tumán es de 9.40 millones y en Cayaltí alrededor de seis millones, pero todo depende de la cotización en bolsa cuando se haga efectiva la transacción”, subrayó.
Asimismo, indicó que la deuda registrada hasta la fecha a los trabajadores asciende a 282 millones 346 mil soles, mientras que se calcula que la transacción ascenderá a unos 79.20 millones.
“El Estado está haciendo un esfuerzo en trasladar todas las acciones para cubrir lo máximo posible esta acreencia. No es una deuda generada por el Estado sino por las propias empresas, y en una actitud solidaria, están trasladando a los trabajadores para que no se vean perjudicados y no se dilate más una solución”, dijo.
González explicó que el Fonafe ha organizado un esquema mediante el cual trasladará todas las acciones de propiedad del Estado a un fideicomiso.
“Este fideicomiso se va a encargar de hacer las convocatorias correspondientes para que los acreedores laborales que están debidamente registrados se acerquen y puedan hacer efectivo la transferencia de estas acciones”, recalcó. Andina
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