Siete de los 25 titulares mineros que registraron mayor producción de oro en 2025 son empresas que operan bajo el régimen de pequeño productor, revela el Instituto Peruano de Economía. En este escenario, el envío de oro ilegal ya igualó las cifras de exportaciones formales. ¿Qué está ocurriendo en uno de los sectores más importantes del país? Conoce los detalles en este informe elaborado por RPP Economía en colaboración con el IPE.
En 2025, la mitad del oro exportado por el Perú fue de origen ilegal, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Estamos hablando de más de 104 toneladas de mineral ilícito, prácticamente el mismo volumen que el oro formal.
La minería ilegal de oro movió más de 11,500 millones de dólares el año pasado y se ha convertido en la economía ilícita más grande del país: mueve el doble de dinero que el narcotráfico, la trata de personas o la tala ilegal. Así lo explica Paola Herrera, economista senior del IPE.
Un dato revelador es que, siete de los mayores productores de oro del país están inscritos como pequeños productores. Es decir, operan bajo un régimen diseñado para minería de menor escala, pero producen volúmenes similares a empresas del régimen general.
Cuatro de estos denominadas pequeños productores operan en Arequipa. Hablamos de Minera Paraíso, Compañía Minera Sol de los Andes, Minera Yanaquihua y Analityca Mineral Services. Otras dos empresas producen en Ayacucho: Minera Laytaruma y Minera Sotrami, mientras que en Barranca, al norte de Lima, opera Paltarumi.
Esa brecha tiene consecuencias. Según el IPE, sin un sistema robusto de trazabilidad, el oro de origen ilícito puede mezclarse en plantas de procesamiento, pasar por comercializadoras y terminar exportándose como si fuera legal.
La supervisión y fiscalización de los pequeños productores mineros recae en los Gobiernos Regionales, específicamente en las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Sin embargo, estas entidades no necesariamente cuentan con la capacidad técnica, operativa ni presupuestal suficiente para ejercer un control efectivo, especialmente en regiones con alta dispersión geográfica y elevada presencia de minería informal e ilegal.
Y hay otro dato que enciende las alertas: el crecimiento exponencial de empresas procesadoras de oro. Mientras que en el 2025 se creaban en promedio tres nuevas empresas procesadoras por día, en lo que va del 2026, ese ritmo se ha duplicado: ahora se constituyen alrededor de seis diarias.
Bajo este panorama, el problema parece desbordar la capacidad de control y fiscalización de las autoridades. Esto ocurre en un contexto donde el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que seguirá vigente hasta fines de este año, solo ha logrado formalizar al 2% de casi 90 mil inscritos desde 2016, según el Ministerio de Energía y Minas. El oro sigue brillando, con un precio que supera los 4,800 dólares la onza, pero en el Perú con poca fiscalización y un alto costo social y económico, se vislumbra un panorama opaco.