Duque de Palma de Mallorca será imputado por malversación de fondos

El escándalo llega a la casa real española por el caso Palma Arena. La Policía Nacional de España incautó suficiente documentación para acusar a Iñaki Urdangarín, duque de Palma de Mallorca y esposo de la infanta Cristina de Borbón, por malversación de fondos públicos.

El juez de la “operación Babel” (denominación de la pieza separada del caso Palma Arena, que investiga al duque), José Castro, asegura –de acuerdo al diario El País- que Urdangarín se encuentra envuelto en una trama dedicada a apoderarse de fondos públicos, a través de concursos irregulares y que desviaba ese dinero a través de un complejo “entramado societario”.

Castro, a pesar de no haber dudado en imputar al socio y subordinado del duque en el polémico Instituto Nóos, todavía no acusa formalmente al yerno del rey de algún delito, a la espera de que Anticorrupción decida sobre el grado de implicación en este asunto.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que, antes de acusar, quieren aclarar hasta qué punto Urdangarín estaba al tanto de las irregularidades de Diego Torres, el gerente de "Nóos" cuando el exbalonmanista presidió esa supuesta ONG.

El Ministerio Público sigue apuntando a que el “cerebro” detrás de esta operación era Torres y no descarta que este pudiera haberse aprovechado de la imagen del miembro de la Familia Real.

Castro asegura que el esposo de la infanta Cristina y Torres convirtieron desde 2003 la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, una supuesta ONG sin ánimo de lucro, en un instrumento para “apoderarse” de fondos públicos a base de “servicios” a administraciones con “precios totalmente desproporcionados”.

Según los informes judiciales, en sus cuatro primeros años Nóos no tuvo ninguna actividad. El boom ocurrió en 2003 cuando el entonces ya yerno de don Juan Carlos entró como administrador a la firma, convirtiéndose en su presidente en noviembre de 2004, puesto que ocupó hasta junio de 2006, año en que se firmó un sospechoso contrato por 2,3 millones de euros con dos organismos del Gobierno balear.

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