Fútbol turco es sacudido por escándalo de supuesto amaño de partidos

La Fiscalía turca ha acusado a 93 personas de delitos de "fraude" por amañar supuestamente resultados de partidos de fútbol durante los últimos años y ha solicitado que se impida jugar a al menos tres jugadores turcos.

Los tres jugadores vetados son los turcos Can Arat (Istanbul BB), Mehmet Yildiz (Eskisehirspor) y Gökçek Vederson (Bursaspor), este último un jugador de origen brasileño nacionalizado turco, según informa la emisora NTV.

Un total de 14 futbolistas están acusados de delitos relacionados con los amaños, entre ellos el nigeriano Emmanuel Emenike, antiguo jugador del Fenerbahçe, que actualmente viste los colores del Spartak Moscú, según el diario Hürriyet.

Hürriyet añade que la petición de veto se extiende a otros cinco futbolistas pertenecientes al Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Eyüpspor y Ortakaya.

De los 93 acusados, 31 esperan juicio en prisión desde julio, entre ellos Aziz Yildirim, presidente del Fenerbahçe, el club más exitoso del país, para el que el fiscal pide entre 51 y 134 años de prisión.

Más cargos aún que Yildirim acumula Olgun Peker, expresidente del Giresinspor, un club de la segunda división, que incluso está acusado de "formar una organización armada".

La Fiscalía ha dado carpetazo a las acusaciones contra otras 83 personas, entre ellas el alcalde de Ankara, Melih Gökçek, ahora libre de sospechas.

Según Hürriyet, los directivos del Fenerbahçe se reunirán el martes para analizar el futuro del club, que ya fue excluido de la Liga de Campeones en agosto, y la posible sustitución de Yildirim, que rechaza todos los cargos y, según su defensa, está dispuesto a esperar mientras que "toda Turquía observe esta comedia".

El acusado se quejó también de que la Fiscalía hubiera difundido los detalles de su escrito, aunque teóricamente se trate de un sumario secreto.

El tribunal de Estambul tiene 15 días para decidir si acepta el escrito del fiscal. La ley prevé hasta 12 de años de cárcel para este tipo de delitos y los acusados pueden permanecer en prisión preventiva un máximo de 10 años.

EFE