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por Redacción RPP
·El fiscal provincial Fredy Sueldo Quiñones deberá emitir un informe de los hechos sobre los motivos de la liberación del chofer que atropelló a una fiscalizadora de la ATU y que posteriormente se dio a la fuga.
La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima Este decidió abrir una investigación preliminar por un plazo de 30 días hábiles contra el fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de El Agustino, Fredy Iván Sueldo Quiñones.
El motivo es una presunta comisión de “falta leve” de la Ley de la Carrera Fiscal, tras solicitar la liberación de Alberto José Bermúdez González, chofer que atropelló a una fiscalizadora de ATU y emprendió una fuga.
La decisión la dio tras cambiar la situación jurídica del imputado a la de "citado". Asimismo, el fiscal pidió que el personal policial "proceda conforme a sus facultades" por tratarse de una situación en flagrancia y que se informe a Migraciones sobre la irregularidad de su situación migratoria.
La resolución también requiere que el fiscal provincial Fredy Sueldo Quiñones emita un informe de los hechos sobre los que se le imputa en un plazo máximo de 5 días hábiles.
Escapando de la ley
El chofer que intentó fugar fue identificado por la Policía Nacional como Alberto José Bermudez González, de 22 años y nacionalidad venezolana, quien al ser intervenido en Puente Nuevo se dio a la fuga y arrolló a Jaqueline Rosales Ramirez, fiscalizadora de ATU y de 25 años.
En un tramo de 2 kilómetros de la Vía de Evitamiento, el conductor fue perseguido por los carros del Serenazgo, la Policía y miembros de fiscalización de la ATU, provocando temor en los conductores que circulaban en dicha pista.
Tras ser reducido, Bermudez González fue dirigido a la comisaría de El Agustino, donde fue sometido a los exámenes de ley y se espera que rinda su declaración ante el fiscal de turno, para poder formalizar la denuncia en su contra.
La combi, de placa C1Q-372, registraba un total de 61 papeles y mantiene deudas que suman S/163.478 (S/28.028 al SAT y S/135.450 a la ATU). Por ello, su estado era coactiva, es decir, con orden de captura, motivo por que el conductor se habría resistido a la intervención por parte de la ATU.
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