Activistas uruguayos apoyan regulación de compraventa y cultivo de marihuana

"La ley supone la superación de la criminalización del consumidor y el cultivador", declaró a Efe Milagros Gallero, integrante de la Red de Usuarios de Drogas y Cultivadores de Cannabis del Uruguay (RUDCCU).

Gallero consideró que el proyecto de ley implica "un avance en derechos y un cambio en la realidad del usuario".

Una postura similar expresó Martín Collazo, portavoz de Regulación Responsable, una plataforma que aglutina a activistas, académicos, médicos, artistas y otras personalidades que respaldan el proyecto legislativo sobre el cannabis propuesto por el presidente uruguayo, José Mujica.

"Creo que existe un derecho al consumo responsable, es decir, un consumo que no perjudique a terceros. Esta responsabilidad implica un esfuerzo de información y educación para conocer los riesgos asociados al consumo de sustancias. Si esa información no está clara, el ciudadano no tiene autonomía para ejercer sus derechos", opinó.

Según Collazo, la iniciativa tiene como objetivo reducir los daños asociados al consumo de drogas (en una triple estrategia que se aplica al alcohol, el tabaco y la marihuana), así como provocar un retraso en la edad de inicio del consumo de cannabis, por medio de la prohibición de su venta a menores de edad.

Sin embargo, el activista considera que la regulación total del mercado de la marihuana por parte del Estado uruguayo avanzará por un proceso más lento.

"Es necesario crear una cadena de producción de cannabis capaz de abastecer al mercado", comercializar la droga "con un precio similar al del mercado negro (paralelo), para que pueda competir contra él" y distribuirla por todo el territorio" nacional, expuso.

De aprobarse el proyecto, Uruguay podrá producir marihuana para consumo recreativo, pero también para fines terapéuticos, así como cáñamo para usos industriales como la fabricación de tejidos o tinturas vegetales.

Precisamente, una de las preocupaciones de los activistas es "impedir la mercantilización de la cadena productiva del cannabis y favorecer la producción nacional", es decir, que la recién nacida industria del cannabis quede en manos uruguayas y no extranjeras.

"Buscamos que el modelo de producción del cannabis sea un eje de desarrollo social y de reinserción para colectivos vulnerables", además de convertirse "en otra fuente de divisas para el país", sintetizó Julio Rey, representante de la Coordinadora Nacional por la Regulación de la Marihuana.

Tanto él como la portavoz de RUDCCU creen que la marihuana de curso legal generará una "competencia desleal para el narcotráfico".

"A igualdad de precio, se estará ofreciendo por cauces legales un producto orgánico, elaborado sólo a base de flores de cannabis, de buena calidad y sin que haya sido adulterado", detallaron.

No obstante, los activistas alertaron del riesgo de "naturalizar el consumo" de marihuana, y que éste sea visto como algo "normal o habitual".

"El Estado debe aportar una visión real sobre los efectos del cannabis y seguir trabajando en la reducción de daños", afirmaron.

Para Rey, el proyecto de ley "va un paso por delante de la aceptación de la sociedad uruguaya hacia el consumo, pero la distancia se va acortando día a día".

"Mi mayor logro como activista ha sido que mi madre riegue mis plantas de cannabis", ironizó.

EFE