Argentinos lloran a víctimas del accidente del tren y piden sanciones

Los argentinos lloran hoy la muerte de medio centenar de personas en una de las mayores tragedias ferroviarias que ha sufrido el país y piden establecer responsabilidades por un accidente que ha puesto de manifiesto la precariedad del servicio y la falta de control estatal sobre la gestión privada.

Un día después del siniestro que dejó 50 muertos -al menos ocho de ellos extranjeros- y más de 700 heridos en Buenos Aires, las autoridades concluyeron las tareas de identificación de las víctimas, aunque decenas de personas buscan aún a varios pasajeros en los hospitales de la ciudad.

Entre los fallecidos, fuentes oficiales han confirmado cuatro ciudadanos paraguayos, dos bolivianos, un chileno y un peruano.

El Ejecutivo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, adelantó hoy que se presentará como querellante en la causa abierta por el accidente y que se reserva posibles acciones administrativas en el futuro.

"Acá no se generan esquemas de protección para nadie", dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, en una rueda de prensa que había desatado intensos rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno retirara la concesión a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable de la línea donde se produjo el accidente.

El tren siniestrado pertenece a la red de cercanías de Buenos Aires gestionada por TBA, propiedad de los hermanos Cirigliano, uno de los grupos de transporte más poderosos del país, relacionados por la prensa local con el exministro Ricardo Jaime, investigado por corrupción.

En medio de la polémica, Roque Cirigliano afirmó hoy que el tren "estaba en buenas condiciones" y calificó el servicio como "aceptable", en una breve visita a la estación de Once, el escenario del siniestro.

"¿Cincuenta muertos te parece aceptable?", le increpó uno de los pasajeros, mientras el directivo abandonaba el recinto precipitadamente en medio de la indignación de los viajeros.

En la estación, una de las tres más concurridas de la capital argentina, decenas de personas recogían hoy firmas para denunciar "el estado de los trenes".

"Algunos trenes están rotos y los frenos no andan", denunció Lisa Tejeda, una de las personas que participaba en la petición de firmas. "No me sentí segura en los trenes de la TBA. Si ayer pasó esto, hoy puede pasar lo mismo", lamentó.

El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, recordó hoy que el informe realizado por la Auditoría en 2008 sobre "las deficiencias que presentaba el servicio" en esa línea demostró que "la situación era desastrosa", en especial el sistema de frenos.

"Están dadas las condiciones para que el Estado pueda proceder a la rescisión de la concesión" de TBA, porque el accidente fue "consecuencia directa del incumplimiento de normas básicas", señaló Despouy, en declaraciones a Radio Continental.

"Si no se hacen las inversiones se pone en peligro al usuario. No funciona el sistema de control", afirmó el dirigente de la Unión Ferroviaria Rubén Sobrero, quien advirtió que los pasajeros "corren peligro".

Para Eduardo Mondino, exdefensor del Pueblo argentino, "esto no es un accidente, tiene responsabilidades políticas y funcionales".

Las críticas han salpicado también a la presidenta Cristina Fernández, quien suspendió su actividad oficial, decretó dos días de duelo nacional con la bandera a media asta y suspendió las fiestas de carnaval, pero no ha hecho ninguna declaración pública tras el accidente.

En las puertas de la morgue, Juan Frumento lloraba por la muerte de su hijo de 32 años:"La responsabilidad es de los que tienen a su cargo la dirigencia del país, que son los que tienen que tener el transporte en condiciones y no lo hacen".

"Creen que con decir que vamos a poner a media asta la bandera ya es suficiente. Vayan y controlen a TBA. No solo somos un vaso de agua y un psicólogo, somos seres humanos con derechos", sollozaba la tía de otro joven muerto en el accidente del miércoles.

Las redes sociales no se quedaron atrás en las críticas al Gobierno y a la gestión privada de los servicios públicos.

EFE