Bachelet firma proyecto que reforma ley laboral dictada por Pinochet

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó este lunes un proyecto de ley que reforma el régimen laboral, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, y que entrará a trámite al Congreso en los primeros días de enero, informaron fuentes oficiales.

"Hoy estamos marcando un nuevo hito para la construcción del país al que aspiramos, estamos saldando una deuda que teníamos con los trabajadores y trabajadoras de Chile", dijo la mandataria al presentar la iniciativa.

"En una sociedad democrática, el crecimiento y la equidad tienen que ir de la mano para asegurar un futuro de prosperidad económica, pero también de legitimidad y cohesión social", agregó.

Entre las principales medidas que incluye el proyecto están el fortalecimiento de los sindicatos, la ampliación de la negociación colectiva y el fin del reemplazo de trabajadores durante las huelgas.

Actualmente las empresas pueden contratar otros empleados en caso de huelga, lo que a juicio de las autoridades y sindicatos debilita debilita esa herramienta de lucha.

"La agenda del Gobierno tiene un solo norte, y es que los chilenos y chilenas accedan a un trabajo de mayor calidad. Cuando hablamos de calidad en el trabajo nos referimos a cosas muy concretas", dijo Bachelet.

Entre estas enumeró remuneraciones justas, seguridad laboral, capacitación, protección en caso de cesantía, relaciones laborales más justas y también mayor productividad en la fuerza de trabajo.

"Es sin duda en el trabajo donde comienza la justicia social", subrayó.

Otros cambios son la ampliación del derecho a información de los sindicatos, a fin de mejorar la calidad de las negociaciones y la relación con las empresas y la simplificación de la negociación colectiva.

También un piso de para las tratativas que considere los derechos ya adquiridos, ampliación de las materias a negociar y fortalecer los derechos de la mujer trabajadora.

Tras el anuncio de Bachelet, el presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, lanzó críticas contra el proyecto.

Santa Cruz sostuvo que los empresarios tienen "seria y profundas discrepancias" con la iniciativa, pues "no va por el camino correcto, pues no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores, sino sólo de ver cómo le damos más atribuciones y más espacios a los dirigentes sindicales".

"No estamos hablando de qué hacemos con las mujeres para incorporarlas de mejor forma al mundo laboral, de los jóvenes que están desempleados, de qué hacemos en los temas de capacitación", agregó.

El dirigente empresarial anunció que durante la tramitación del proyecto harán ver sus puntos de vista, que dicen relación "con preocuparnos de los derechos y que beneficien a todos los trabajadores, no sólo a una dirigencia sindical".

Sobre los puntos que le causan mayor rechazo, Santa Cruz indicó que "lo que dice relación con reemplazo en la huelga, titularidad sindical, extensión de beneficios y piso mínimo; no van en la dirección correcta, no van a ayudar a generar más empleo y por tanto no ayudan a todos los trabajadores", aseveró.

Los empresarios y la derecha opositora han criticado también la oportunidad de lanzar la reforma laboral, considerando que la economía marcha a paso lento y que este año crecería sólo un 1,7 % según el Banco Central.

Para 2015 las perspectivas apuntan a una expansión de entre un 2,5 y un 3,5 %, que para los críticos mantendría un ritmo aletargado de la actividad, que podría traducirse en un alza del desempleo.

Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, consideró el proyecto "un tremendo paso de igualdad social".

A su juicio, supone más empleo, crecimiento, mayor productividad "y también salarios más justos, a partir de un reconocimiento de los derechos colectivos".

Figueroa recalcó que recuperar el derecho a huelga efectivo, sin reemplazo, ni descuelgue es una demanda anhelada por décadas, aun que advirtió que "son pasos fundamentales, pero no nos engañemos, la tarea aún no termina".

"Hoy estamos abriendo la puerta a que efectivamente se recuperen los derechos de los trabajadores, pero tras este paso hay muchas otras materias que vamos a tener que discutir, que no están restringidas al ámbito del código del trabajo, sino que requieren una reforma constitucional", añadió.

EFE