Juez español recibió una condena que lo inhabilita por once años. Tribunal Supremo de España falló que Garzón autorizó interceptaciones telefónicas sin una justificación.
Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet y la persecución de represores de la dictadura argentina, estará 11 años inhabilitado tras recibir una condena por prevaricación en el denominado caso Gürtel que involucra a dirigentes del Partido Popular (PP).
El Tribunal Supremo de España determinó la culpabilidad de Garzón por el delito de prevaricación al haber autorizado sin justificación la interceptación de las comunicaciones de los acusados de participar en la red de corrupción, quienes están presos, con sus abogados. Las razones por las que la justicia procedió con tanta severidad fueron reseñadas por el diario español El País.
Derecho a la defensa de los investigados fue restringido sin justificación
El tribunal indica que cualquier restricción del derecho a la defensa debe estar “especialmente” justificada, cosa que en la presente investigación no se hizo porque no había “datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos”.
Jueces también son sometidos a la ley
La sentencia del Tribunal Supremo señala que el juez actuó en base a su propia subjetividad con el pretexto de aplicar la ley, vulnerando así el Estado de Derecho. La sala considera que Garzón no incurrió en una interpretación errónea de la ley, sino que cometió un “acto arbitrario” al autorizar las interceptaciones telefónicas.
Confidencialidad de las relaciones del acusado con su defensor es esencial
El fallo apunta que una de las exigencias fundamentales de un proceso es el derecho del acusado a comunicarse con su abogado sin ser escuchado por terceros.
Derecho a la confidencialidad de las comunicaciones de los presos es regulado por Ley Penitenciaria
Cuando el acusado está detenido, las interceptaciones solo se aplican para casos de terrorismo y con previa orden judicial.
“No fue un error de interpretación, sino un acto arbitrario”
El tribunal refiere que Garzón ordenó la escucha y grabación de las conversaciones en los locutorios de la cárcel sin disponer de "ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio de la defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos”.
Proceso penal español al nivel de un régimen totalitario
Proceder del juez, según el tribunal, colocó a todo el proceso penal español “al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempo ya superados” y que hoy “solo se encuentran en regímenes totalitarios” en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa”.
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