Bolivia descarta quiebre con Brasil por fuga de senador Pinto

El Gobierno de Bolivia descartó este domingo que la relación con Brasil se quiebre por la huida a ese país del senador opositor Roger Pinto sin el permiso legal boliviano, pero aún espera una explicación de Brasilia sobre cómo se produjo esa salida.

Dos ministros del presidente boliviano, Evo Morales, hicieron declaraciones en ese sentido, mientras que el mandatario no tocó el tema en un discurso pronunciado hoy, aunque está "obviamente sorprendido" con lo sucedido, dijeron fuentes oficiales.

"Este caso no afecta las relaciones con Brasil. Las relaciones entre Bolivia y Brasil se mantienen en una situación de absoluta cordialidad y respeto", dijo la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno.

"El Gobierno boliviano y el presidente Evo Morales han expresado siempre y lo seguirán haciendo todo su afecto y respeto a la presidenta Dilma Rousseff, como al Gobierno brasileño", agregó.

Pinto llegó a Brasilia en las últimas horas después de abandonar la embajada brasileña en La Paz, donde estuvo refugiado durante quince meses tras obtener asilo político de parte de Brasilia días después de su ingreso a la legación el 28 de mayo de 2012.

El ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, argumentó que "no hay un quiebre en las relaciones bilaterales" y no cree que vaya a producirse porque tampoco ocurrió en otros casos en los que otros políticos huyeron a Paraguay y Estados Unidos.

"Con el Brasil tenemos que ser muy prudentes. ¿Qué es Roger Pinto en medio de la dinámica comercial de 2.000 y 3.000 millones de dólares? ¿Qué es Roger Pinto? Es un suspiro en el aire", agregó.

En la relación pesan como "temas importantes" que Bolivia es un proveedor de gas natural de la ciudad industrial de Sao Paulo y que en Brasil viven más de cien mil inmigrantes bolivianos, mientras que el caso Pinto es un tema de la administración de la justicia.

"No hay que darle más vuelo del que tiene", apuntó.

No obstante, el Gobierno boliviano también dijo que Brasil debe explicar cómo se produjo la salida del senador opositor del país porque no tenía los permisos legales bolivianos para hacerlo y existen cuatro órdenes judiciales que se lo prohibían.

Bolivia, según Quintana, quiere conocer los detalles de la fuga por una vía oficial diplomática porque no cree en la versión del uso de un vehículo oficial y el acompañamiento de militares brasileños.

Fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferraço, que recibió hoy a Pinto en Brasilia, el que señaló que salió de Bolivia en un vehículo oficial brasileño y escoltado por soldados de esa misma nacionalidad.

Según la versión, Pinto dejó la embajada en La Paz escoltado por "fusileros navales" y fue llevado por tierra hasta Corumbá, en el lado brasileño de la frontera, en un viaje que duró 22 horas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó hoy de que investigará las "circunstancias" en las que Pinto salió de la embajada en La Paz y llegó al territorio brasileño.

Quintana también descartó una posible solicitud de extradición, pero consideró que Pinto se fugó como un "vulgar delincuente" y debe ser la Fiscalía boliviana la que pida a la Interpol su captura.

Además, Dávila dejó en claro que Bolivia "no ha negociado la salida del señor Pinto" y no le dio el salvoconducto para que vaya a Brasil porque afronta procesos por presunta corrupción e incluso en uno de los casos ha sido sentenciado a un año de prisión.

A su juicio, Pinto logró el asilo político "con información absolutamente falsa y tendenciosa" con el propósito de "obstaculizar las relaciones entre Bolivia y Brasil".

El político opositor boliviano ha negado varias veces su responsabilidad en la veintena de denuncias sobre corrupción que hay en su contra en varias ciudades de Bolivia y ha sostenido que se trata de investigaciones amañadas para perjudicarlo.

Pinto ingresó a la embajada de Brasil hace quince meses tras hacer varias denuncias de supuesta de corrupción y connivencia con el narcotráfico en el Gobierno, acusaciones que han sido rechazadas por el oficialismo boliviano.

EFE