Colombia: Mutilados sobreviven sin pensión por invalidez

Los más de 8.000 mutilados por minas antipersonales en Colombia, el segundo país con mayor número de víctimas, luchan por sobrevivir sin una pensión del Estado, abocados a recibir un costoso tratamiento médico hasta el fin de sus vidas.

Aunque Colombia se adhirió en 1999 a la Convención de Ottawa, por la que se prohibió el uso, fabricación y almacenamiento de minas terrestres, los campesinos siguen pisando "quiebrapatas", como llaman a esas armas, colocadas por los distintos actores del conflicto.

En Cartagena de Indias, donde precisamente esta semana se celebra la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Handicap International se han unido a la Fundación REI para ayudar a estas víctimas que no reciben atención estatal.

La fisioterapeuta y coordinadora del laboratorio ortopédico de la Fundación REI, Novis Jiménez, explicó a Efe que la mayoría de los heridos que llegan al centro eran, antes de víctimas, agricultores o pescadores de los ríos que surcan los departamentos del norte del país, como Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

"Nosotros les damos rehabilitación integral, los trasladamos desde sus hogares hasta Cartagena y les facilitamos hospedaje, comida y transporte", explicó Jiménez.

Carlos Cecilio Cárdenas, de 40 años, es uno de los pacientes de Novis. Originario de una vereda cercana a la ciudad de Santa Marta, en 2001 perdió una pierna, un brazo, un ojo y un oído cuando se disponía a bañarse en el río y pisó una mina.

"Mi vida cambió radicalmente, cuatro veces he intentado suicidarme. Esta guerra que tiene Colombia la estamos pagando los civiles", explica a Efe mientras realiza ejercicios de fortalecimiento de músculos antes de instalarle su nueva prótesis.

Una prótesis y el tratamiento de acompañamiento cuestan en torno a 16 millones de pesos (unos 8.000 dólares), sin contar que cada tres o cuatro años hay que renovarlas si no se rompen antes.

Pero Carlos Cecilio, al igual que los más de 8.000 colombianos mutilados en Colombia por las minas, no recibe una pensión por invalidez; tan sólo el Estado le entregó una indemnización de doce millones (unos 6.000 dólares) que gastó en sangre, medicinas, hospitales y en su primera prótesis.

Sin trabajo y sin recursos, este hombre no tiene otra opción que resignarse y esperar a su esposa que regrese cada noche tras una larga jornada de trabajo como camarera en la zona turística de Santa Marta, para así poder sacar adelante a sus cinco hijos, entre ocho y 16 años.

Pero Marlon Gil Márquez, de 33 años y quien perdió su pierna al término de una jornada de trabajo en el campo, hace ahora tres años, ni siquiera ha recibido una reparación económica.

La solicitó al Estado cuando supo que existían esas ayudas, pero el plazo oficial había vencido y solo le quedaba reclamarla vía administrativa o a través de un abogado. Supo de estas reparaciones cuando conoció a otras víctimas de minas.

"Desde que empecé a venir a la Fundación REI me siento más feliz, con la prótesis me siento mejor, tengo más movimiento, puedo trabajar, aunque menos que antes del accidente porque me siento más cansado, no puedo estar mucho tiempo de pie, siento dolor", explicó Gil a Efe, al reclamar también ayudas para él y sus compañeros.

El más joven del grupo de heridos que realiza ejercicios de rehabilitación es Luis Alberto Fuentes, de 25 años.

Había sido su cumpleaños el día anterior y el fatídico Domingo de Ramos de 2008 se levantó, salió de su casa, buscó un lugar para hacer sus deposiciones y su pierna saltó por los aires.

Fue en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia y una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Luis Alberto, padre de dos niñas de cuatro y ocho años, sólo pide una cosa a los funcionarios que asisten en Cartagena a la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa: ayuda a los afectados por las minas antipersonales.

"Hay víctimas que se quedan postradas en una silla, otras pierden los brazos, las piernas. Todos somos víctimas, lo que quiero es que no haya diferencias, que nos traten a todos por igual. Lo que deben hacer es darnos una pensión", reclamó este joven que todavía tiene un sueño, estudiar para dar ejemplo a sus hijas.

En la Fundación REI también se fabrican las prótesis, los artesanos son mutilados que han recibido formación y ahora son pieza clave en el proceso de recuperación de las víctimas de minas terrestres.

EFE