Daniel Urresti anuncia ofensiva contra mafias en construcción civil

Las mafias en construcción civil han hecho de la extorsión una actividad rentable que está presente en más del 90 % de obras que se ejecutan a nivel nacional, según informa la Policía Nacional del Perú (PNP). Ante ello, se manifestaron diversos representantes del sector afectado, y otras autoridades como el ministro del interior, Daniel Urresti.

La Dirección de Protección de Obras Civiles de la PNP, que opera desde el año 2010, señala que estas organizaciones criminales generan ganancias ilícitas anuales de 11 millones de soles, dinero que se reparte entre delincuentes en libertad y otros que están presos en penales.

José Saavedra Ballón, jefe de esa unidad policial, reconoció que esta ilegal actividad es rentable y con alta impunidad.

"El sindicato que tenía el objetivo de defender al trabajador, hoy en día es para lucrar a la dirigencia sindical, para eso usan el chaleco y sicarios de manera indirecta", señaló a RPP Noticias.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil reconoce que muchos de sus miembros se ven obligados a estar armados por protección.

El gremio informa que en Lima existen 70 bandas criminales, en el Callao igual cantidad, mientras que en La Libertad son 42, en Huaraz 37, en Chiclayo 24 y en Tacna 7.

Jorge Zárate, dirigente de construcción civil del Callao, denunció que hasta el momento no se capturan a los asesinos de dos integrantes de su gremio. "El temor se siente pero tenemos que velar por los derechos de los trabajadores", expresó.

¿CÓMO SE INICIARON LAS EXTORSIONES?

Germán Loyaga, director de comunicaciones de la Cámara Peruana de Comercio (CAPECO) y con 10 años de experiencia en el sector de la construcción, señaló que antes de la etapa de extorsiones existía lo que él llama “la violencia abierta”.

Señaló que, antes, los delincuentes “iban a una determinada obra, amenazaban al ingeniero de obra residente y, sí no aceptaba lo que pedían, amenazaban con malograr las máquinas, los materiales y amenazaban a los trabajadores formales y se generaban en un caos”.

Ante ello, en el año 2010, se creó la División de Protección de Obras Civiles, para contrarrestar el problema. “En ese momento se logra detener la violencia abierta, donde iban a una determinada obra y amenazaban. Como la Policía logra contralar ese tema, los delincuentes usan la extorsión a través del teléfono y las cartas”, dijo.

Manifestó que las extorsiones que hoy existen en el sector de construcción civil no se pueden controlar porque no hay denuncias. “En CAPECO lo que hemos hecho es exhortar a las empresas asociadas para que no se paguen ese tipo de cupos, porque eso alienta a la delincuencia”, refirió.

“HAY QUE PROTEGER IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE”

Loyaga explicó que la extorsión se enmarcó en la categoría de crimen organizado, por lo que al denunciante se le debe asignar un código para que no sean identificados por los delincuentes. Sin embargo, manifestó que el problema radica en el Ministerio Público, donde no habría unidad de criterios.

“Algunos fiscales lo determinan como crimen organizado y en otros casos no, siendo el mimo problema. Eso hace que el empresario dude de poderlos denunciar porque se ve enfrentado al delincuente”, sostuvo.

DANIEL URRESTI ANUNCIA OFENSIVA

El ministro del Interior, Daniel Urresti, manifestó que la Policía está cambiando de estrategia para combatir las extorsiones en el sector de construcción.

En diálogo con RPP Noticias, anunció que en este nuevo plan también “tiene que participar el ministerio de Trabajo, la procuraduría y los mismos sindicatos”.

Coincidió en que el gran problema es que no existen denuncias. “Nadie se atreve a denunciar así que nosotros vamos a actuar de oficio, vamos a pasar a la ofensiva y vamos a hacerlo a lo grande para recuperar la paz en el Callao, vamos a comenzar por ahí”, dijo.

El ministro del interior se reservó los detalles del plan, pero dijo que se trata de una ofensiva multisectorial que comenzará en menos de diez días. Para ello, refirió que ha conversado con el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, con quien coordina parte de la estrategia.